YPF refuerza su estrategia para el juico del fondo Burford en Estados Unidos

El procurador general de la Nación, Bernardo Saravia Frías, llegó a Nueva York para la audiencia de la Cámara de Apelaciones, que se llevará a cabo hoy, en la que se definirá si el juicio iniciado por el fondo Burford contra la Argentina se mantiene o no en los tribunales norteamericanos. Así lo informaron fuentes oficiales, que precisaron que el funcionario viajó para reunirse con los abogados que defienden al Gobierno en el exterior. Burford reclama que el gobierno kirchnerista no indemnizó a Petersen en la expropiación de YPF, a diferencia de lo que ocurrió con Repsol. Petersen (grupo Eskenazi) era accionista y operador de la petrolera estatal en el momento en que el gobierno de Cristina Kirchner decidió expropiarla.

Luego de que la jueza Loretta Preska falló en primera instancia en contra de cambiar la jurisdicción a la Argentina, ahora el Gobierno apuesta a una serie de argumentos que escucharán los camaristas Guido Calabresi, Ralph Winter y Denny Chin mañana por la mañana.

Para el Gobierno, uno de los ejes centrales para que la justicia norteamericana cambie su ánimo es que se levante la demanda que Angela Abbona, procuradora del Tesoro en el kirchnerismo, inició en la Argentina contra los abogados del estudio King & Spalding’s y Burford. De hecho, la jueza Preska cita en su fallo esta demanda de Abbona como una de las causas para desestimar que el caso pueda tratarse en los tribunales argentinos. «Los demandantes han argumentado que la Argentina es un foro inadecuado por las amenazas del gobierno argentino de persecución criminal contra King & Spalding’s y Burford», indicó en su fallo Preska.

Por esta razón, Saravia Frías trabajaba para dar de baja este reclamo, como parte de la estrategia oficial para demostrar que desde la salida del kirchnerismo mejoró la seguridad jurídica en el país. La Procuración ha trabajado junto al Ministerio de Finanzas en este caso.

Los abogados de la Argentina argumentarán que los tribunales norteamericanos no tienen competencia para tratar la demanda iniciada por el grupo Petersen -y que compró el fondo de inversión Burford- por la doctrina del «act of state», que determina que cada país tiene límites respecto de otros Estados y que su poder judicial no se entrometerá en los actos de otros países respecto de hechos ocurridos en su territorio. «La expropiación es constitucional y fue avalada por el Congreso», indicaron los abogados de la Argentina.

Una vez que la cámara se expida sobre la cuestión jurisdiccional, comenzará el tratamiento de fondo, por el cual Burford reclama unos US$ 3000 millones. En este sentido, aunque el juicio se mantenga en los tribunales norteamericanos, la discusión se regirá por las normas del derecho societario argentino, aclararon las fuentes oficiales.