El Gobierno no quiere tropezar dos veces con la misma piedra

En el inicio de un año electoral sabe que no tiene margen para que un aumento excesivo de las tarifas de gas desemboque, de nuevo, en una crisis política de magnitudes que afecte sus chances en los comicios. Por eso, si bien las facturas de gas subirán recién el 1° de abril, desde hace tres semanas técnicos del Enargas, el ente regulador del gas, intercambian información con las empresas distribuidoras –con Metrogas, Gas Natural BAN y Camuzzi a la cabeza- para proyectar –y definir- cuánto aumentarán las tarifas.

El Ejecutivo apunta a que las empresas acepten un incremento menor al que solicitaron en la Revisión Tarifaria Integral (RTI), presentado en audiencia pública a principios de diciembre. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, no quiere que en ningún caso las subas escalen al 100% con relación al valor actual de las tarifas.

La mayoría de las compañías distribuidoras requirió subas superiores a ese porcentaje. Como respuesta, el Ejecutivo propuso diferir para 2018 parte del aumento reclamado por las distribuidoras.

En rigor, la propuesta del Enargas consiste en actualizar el cargo variable que cobran las empresas gasíferas en función del volumen de gas que consumen los usuarios. Y crear un fondo fiduciario para ampliar los gasoductos que se conformará recién en 2018, una vez que se cobren un aumento del cargo fijo que pagan los usuarios residenciales. Una de las alternativas que baraja el Enargas es establecer un cargo fijo único de $ 100 por usuario a partir de enero de 2018.

Los privados desecharon la propuesta del Gobierno. “Antes del truco está el envido”, graficó el gerente general de una compañía, que pidió la reserva de nombre. “Si Aranguren quiere diferir parte del aumento tarifario, habrá que aceptar una reducción del plan de obras presentado en la RTI”, agregó. No es un tema menor. En conjunto, las distribuidoras de gas prometieron inversiones por casi $ 50.000 millones para los próximos cinco años. Pero su situación financiera no es la mejor. Dependen de una actualización de sus ingresos para llevar adelante esos proyectos. “En este momento, la mayoría de las empresas saben que no podrán realizar las obras prometidas en el plan de inversión por inconvenientes financieros. Y la dilación del Gobierno para definir estos temas no ayuda”, admitió el gerente de Planeamiento de otra empresa.

Los privados argumentan que como resultado de la anulación de los aumentos tarifarios del año pasado por decisión de la Corte Suprema de Justicia, se vieron obligadas a dejar de pagar parte de la factura del gas que compran a las petroleras. De hecho, la deuda actual de las distribuidoras con los productores ronda los $ 10.000 millones. Por lo que hay varias petroleras evaluando –tal como hicieron en el pasado- recurrir a la Justicia para cobrar ese dinero adeudado.