El Gobierno apunta a una convergencia gradual con el precio internacional del petróleo

Cuando parecía que el Gobierno iba a avanzar hacia una convergencia abrupta del valor del ‘barril criollo’ del petróleo con el precio internacional –de hecho, en los últimos días empresas refinadoras empezaron a presionar a productores para bajar el importe del crudo que se extrae localmente-, ahora el Ejecutivo habría decidido una salida más gradual del esquema de precios internos diferenciales para el hidrocarburo. Así lo indicó el ministro Juan José Aranguren a directivos petroleros y representantes sindicales con los que se reunió esta semana.

En concreto, el ex presidente de Shell expresó a Guillermo Pereyra, líder del sindicato petrolero de Neuquén, y a ejecutivos de YPF, Pan American Energy (PAE) y Total que el presidente Mauricio Macri está a favor de ‘empalmar’ el valor del barril criollo con el del Brent, la cotización que rige la mayoría de las operaciones internacionales de petróleo. Es lo que busca YPF, la petrolera reestatizada, que es la mayor productora de hidrocarburo del país.

El presidente de la compañía, Miguel Ángel Gutiérrez, propuso en los últimos días que el precio interno del petróleo baje a razón de un dólar por mes hasta alcanzar un precio convergente con el Brent en un plazo de ocho o nueve meses (para septiembre de 2017).

Otra ala del Gobierno –en la que figuran Federico Sturzenegger, titular del BCRA, y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, entre otros, y también especialistas energética alineados con el radicalismo como Jorge Lapeña y Daniel Montamat- aboga, en cambio, por una convergencia inmediata –a partir del 1° de enero- del valor del ‘barril criollo’ con la cotización internacional del Brent. Según sus lineamientos, el precio del crudo Medanito –que se extrae en Neuquén- debería bajar de 63 a 47 dólares (el resultante de imponer una cotización de Brent más US$ 1) y el Escalante de Chubut tendría que abaratarse de 52 a 40 dólares (Brent menos US$ 5). Casi un 30 por ciento de golpe.

Una medida de ese tipo acarrearía una fuerte retracción de la inversión de yacimientos petrolíferos, que podría desembocar en una oleada de despidos de miles de trabajadores de la industria petrolera.