El mandatario resaltó el aumento de un 117% de las concesiones mineras otorgadas en Salta entre 2008 y 2012. Destacó, a su vez, el rol de la OFEMI como ámbito natural para definir las políticas nacionales que impulsen el crecimiento del sector.
La percepción de Salta dentro de la industria minera es curiosa: si bien aún no cuenta con un gran proyecto metalífero en producción –una condición que sí distingue a San Juan, Santa Cruz, Catamarca y Jujuy–, la provincia es señalada por las empresas como uno de los ámbitos más propios para desarrollar la actividad, debido a la estabilidad de su marco regulatorio. Por eso, no fue extraño que su mandatario, Juan Manuel Urtubey, se convierta en los últimos meses en una de las voces más autorizadas para hablar del rol de la OFEMI, la organización que nuclea a los estados mineros, creada a principios de año.
“El rol de la Organización Federal de Estados Mineros está precisamente dirigido a la participación conjunta para el diseño de las políticas que permitan alcanzar los objetivos fijados para el crecimiento del sector”, señaló el gobernador en el marco de una entrevista con El Inversor Energético & Minero.
¿Cómo evalúa el avance de la actividad minera en Salta en los últimos cinco años?, preguntamos al gobernador.
En los últimos cinco años, el crecimiento de la actividad ha sido altamente favorable a los intereses de nuestra provincia, ya que el importante número de empresas interesadas en realizar inversiones, como así también las que están ejecutando trabajos, principalmente en una etapa de alto riesgo como lo es la exploración, así lo demuestran. Esto nos induce a pensar que estamos en el camino correcto para alcanzar el tan deseado desarrollo de las zonas donde la minería constituye una de las principales actividades para asegurar el bienestar de la gente.
El aumento de un 117% de las concesiones mineras para el período 2008-2012, en comparación con el acumulado de 2000-2007, demuestra el grado de confianza que las empresas depositan en la política minera de nuestra provincia, a lo que se suma haber sido calificada en foros internacionales como la de mayor confiabilidad para efectuar inversiones en la República Argentina.
Para Salta, el desarrollo de la minería con inclusión social constituye una verdadera política de estado tendiente a propiciar la exploración y extracción de los minerales de manera sustentable y sostenible alentando la radicación de sus industrias de transformación en las regiones donde se encuentra el recurso.
La acción conjunta de los organismos del Estado provincial y las empresas se lleva a cabo dentro de un absoluto respeto al orden jurídico, lo que permite garantizar el derecho sobre las concesiones mineras y el pleno cumplimiento de la normativa mineroambiental vigente. El crecimiento que experimenta Salta en inversiones mineras no sólo está relacionado con sus condiciones geológicas naturales, sino también con las disponibilidades de infraestructura de comunicaciones, energéticas, viales, educativas, turísticas, con una fuerte diversificación productiva, a lo que se suma la hospitalidad de un pueblo que refuerza su tradición minera y la voluntad de nuestro gobierno de asegurar su desarrollo.
¿Qué medidas hay que implementar para incentivar el crecimiento del sector?
La generación de un Plan de Comunicación y Capacitación es una de las medidas que en lo inmediato se debe implementar. El objetivo es poder informar masivamente los beneficios que el desarrollo de esta actividad significa para el bienestar de los argentinos tanto desde el punto de vista económico como social. Es de destacar el importante avance tecnológico que aplica esta actividad para cumplir con los más altos estándares de control y calidad ambiental que se imponen no sólo en nuestro país, sino también en el mundo.
¿Cuáles son las metas trazadas por la OFEMI?
Los continuos cambios de escenarios para la inversión de capitales de riesgo, motivados por el nuevo valor de algunos metales, obligan a generar en forma clara y precisa las bases para propiciar una rápida captación de inversiones, unificando los criterios existentes en los distintos Estados provinciales y en la Nación. Por ello se estimó conveniente crear políticas activas, dentro de un marco de pleno consenso, para el manejo de los recursos mineros de cada jurisdicción, atendiendo a los intereses comunes, preservando invariablemente la sustentabilidad ambiental, social y económica de las áreas abarcadas por la actividad, coordinando acciones tendientes a unificar criterios y procedimientos de aplicación de las normas vigentes, observando los intereses provinciales comunes en materia de prospección, exploración, construcción y producción de proyectos mineros, como así también el reconocimiento de las propiedades provinciales sobre los recursos naturales.
Es así como el rol de la Organización Federal de Estados Mineros está precisamente dirigido a la participación conjunta para el diseño de las políticas que permitan alcanzar los objetivos fijados para el crecimiento del sector.
¿Le preocupa que algunas provincias estén impulsando proyectos para modificar el marco legislativo?
Estimo que las inquietudes de los gobiernos para ejecutar una política minera que permita una distribución equitativa de los beneficios que la actividad genera, a partir de un recurso no renovable, deben ser realizadas sin alterar el orden jurídico vigente y deben cumplir con las potestades provinciales sobre los recursos naturales existentes en sus territorios.