Por la presión fiscal y política de la gobernación que lidera Daniel Peralta sobre el sector minero, agudizada en la segunda mitad de 2012, los productores de metales y las compañías que están desarrollando proyectos exploratorios prevén una fuerte baja de la actividad para el año entrante. “La exploración en la provincia, que en el primer semestre del año pasado había registrado un buen nivel, se desplomó a la mitad en el segundo, y probablemente continuará muy bajo durante 2013”, advirtió el gerente general de una productora de metales del Macizo del Deseado.
Durante todo el año pasado, las mineras quedaron en medio de la pelea –cada vez más estridente– entre la Casa Rosada y la administración de Peralta, que reclama la demora en el envío de fondos de Nación y denuncia trabas en el funcionamiento de la Legislatura santacruceña por parte del bloque del Frente para la Victoria, que responde al kirchnerismo.
Para hacer frente al déficit presupuestario de la provincia –acentuado a fin de año por un rojo de $ 250 millones para afrontar el aguinaldo de los empleados estatales–, Peralta convirtió la industria minera en una válvula permanente para resolver problemas financieros. El año que pasó dejó varios ejemplos en esa dirección, como la pretensión de establecer un canon para gravar la venta de activos mineros en estado exploratorio –finalmente desestimada por la negativa de Nación–; la amenaza constante de elevar las regalías que pagan los productores; el pedido, en mayo, de $ 8 millones para solventar el presupuesto de Salud de la provincia; el financiamiento de obras de infraestructura con fondos exigidos, de manera “excepcional”, a las mineras; y el cobro por adelantado de regalías a empresas que aún no iniciaron la explotación de yacimientos metalíferos, entre otros.
Como agravante, la gobernación de Peralta –al igual que la de su vecino Martín Buzzi, en Chubut– opera fuera de la órbita de la Ofemi, la organización de provincias mineras, que con la conducción de Eduardo Fellner (Jujuy) y José Luis Gioja (San Juan) busca articular, de forma ordenada, posibles cambios regulatorios con las empresas privadas.
Frente a ese escenario, la gran mayoría de las empresas que operan en la provincia –una de las tres con mayor desarrollo de la actividad, junto con Catamarca y San Juan– no prevén una mejora de las condiciones normativas y políticas. Todo lo contrario. “Lo más preocupante es que algunos legisladores que responden a Peralta ya están hablando de salir de la Ley de Inversiones Mineras”, advirtió el gerente comercial de otra productora de la provincia.
Esa norma, sancionada a principios de los 90, es uno de los puntales del marco regulatorio que incentivó la llegada de grandes inversiones al país en los últimos 20 años. Otorgó una serie de beneficios impositivos a la industria y garantizó la estabilidad fiscal por 30 años, a pesar de que en esta década se establecieron retenciones a la exportación de mineras y algunas provincias
–como San Juan– modificaron la forma en que liquidan regalías.
“Sería un golpe durísimo porque afectaría la poca seguridad jurídica que existe en la provincia”, señaló otro encumbrado directivo. La agudización de los problemas sindicales es otro de los elementos de preocupación. Este año, por caso, las mineras registraron inconvenientes con facciones de la Uocra y el Sindicato de Camioneros, dos de los gremios más pesados del país. En Cerro Negro, por caso, un grupo ligado al gremio que conduce Hugo Moyano tomó en octubre las instalaciones y registró serios destrozos. “Y el año que viene es eleccionario y no ayudará a disipar esas tensiones”, se lamentaron en una empresa que está explorando en el Macizo del Deseado.
Aun así, Santa Cruz es una de las provincias con mayor potencial metalífero del país. Con cuatro proyectos en operación, sumará a fines de 2013 o principios de 2014 la producción de Cerro Negro, que apunta a aportar 350.000 onzas anuales de oro equivalente y que cuenta con reservas por 2,54 millones de onzas de oro y 23,56 millones de onzas de plata.