El ministro Perea afirmó que el proyecto ya está casi finalizado; apunta a fortalecer a los proveedores y fomentar empleo y transparencia.
El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, aseguró que el proyecto de ley que regula la participación de proveedores locales en la industria minera provincial “está prácticamente listo” y quedó a un paso de ser enviado al Ejecutivo. Esa norma aspira a modernizar los procesos de contratación, priorizar empleo regional y ofrecer más certidumbre a inversores.
Aunque la intención original era presentarla antes de fin del año, el trámite se demoró. Según Perea, el retraso obedeció a la discusión de otros temas legislativos, como la reforma vinculada a glaciares. Aun así, él indicó que la propuesta será formalmente elevada al gobernador Marcelo Orrego antes del cierre del periodo parlamentario.
El proyecto tiene como uno de sus ejes centrales fomentar el desarrollo de proveedores locales, pero sin establecer cuotas obligatorias de contratación. El ministro explicó que la norma buscará promover la competencia y calidad, permitiendo que las empresas menores accedan de modo competitivo a los contratos mineros.
Otro pilar de la propuesta es la transparencia: se prevé digitalizar el padrón minero y facilitar el acceso a datos públicos, lo que según el Gobierno resulta clave para mejorar la confianza de inversores y comunidades.
Además, la ley contempla prioridad para mano de obra local: garantizará que los residentes de San Juan tengan preferencia en los contratos laborales vinculados a la minería. Para acompañar esa política, la provincia está elaborando planes de capacitación destinados a absorber mano de obra disponible en la región.
Desde su origen, la iniciativa fue presentada como una “ley de desarrollo de comunidades”, no sólo como un reglamento para proveedores. La normativa tiene como objetivo integrar cadenas locales, incentivar la inversión, generar empleo y favorecer a las economías regionales del interior provincial.
Perea afirmó que el documento ya se encuentra en una fase final: “Falta solo una presentación formal de rigor y luego pasará al período legislativo provincial”, señaló. Una vez enviado al Ejecutivo, quedaría habilitado su tratamiento en la Legislatura en 2026.
El anuncio generó expectativas en sectores mineros y proveedores locales, que esperan que la norma agilice procesos, reduzca burocracia y habilite una competencia más equitativa. También comunidades del interior aguardan mejoras en empleo y desarrollo regional.
Si bien aún restan definiciones respecto al cronograma exacto de tratamiento parlamentario y al texto final de los artículos, la iniciativa ya es percibida como un paso significativo hacia una minería más inclusiva y vinculada al desarrollo territorial.