El Decreto 1366/2026 habilita a firmas constituidas en Argentina con accionistas extranjeros a competir como proveedores locales y facilita la transferencia de acciones en proyectos de gran escala.
El Gobierno nacional modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial, incorporando como proveedor local a cualquier persona jurídica constituida y domiciliada en Argentina, sin importar la nacionalidad de sus accionistas o la composición de su capital social. La medida alcanza directamente a la organización y cadena de compras de los grandes proyectos mineros, manteniendo para los proveedores de bienes la exigencia de acreditar origen nacional según los criterios del Mercosur, cuya metodología precisará la autoridad competente. El Ejecutivo fundamentó la disposición en la necesidad de ampliar la competencia y facilitar la integración de firmas radicadas en el país a las cadenas de suministro.
La normativa no incorporó el pedido realizado en junio por la Unión Industrial Argentina (UIA), que solicitó destinar el 20% mínimo de participación local del régimen específicamente a bienes industriales nacionales e implementar mecanismos de verificación de capacidad productiva. En paralelo, un informe de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital difundido el 10 de noviembre indicó que el 66,9% de las importaciones analizadas dentro del RIGI correspondió a productos con capacidad de fabricación nacional. Las cámaras del sector advierten que los beneficios arancelarios sobre importaciones de proyectos adheridos colocan en desventaja a los fabricantes locales que afrontan tributos y mayores costos financieros.
En el plano territorial, la redefinición impacta sobre los proveedores mineros de San Juan, Catamarca y Salta vinculados a proyectos de cobre, oro y litio, donde cámaras empresarias de Calingasta, Iglesia y Jáchal demandan reglas de participación efectiva. El presidente de CAPRIMSA, Fernando Godoy, reclamó avanzar con la reglamentación de la legislación provincial de proveedores para fijar condiciones concretas de contratación en las comunidades cercanas a los yacimientos. Bajo el esquema actualizado, una firma domiciliada en Buenos Aires con capitales extranjeros y sin instalaciones productivas en San Juan calificará como proveedor local del RIGI, aunque no cumpla con las exigencias de las normativas provinciales.
El Decreto 1366/2026 flexibiliza además las reglas societarias y financieras de los desarrollos adheridos, permitiendo a las compañías transferir acciones o participaciones de los vehículos de proyecto único sin perder automáticamente los beneficios fiscales, siempre que mantengan las obligaciones asumidas. La reglamentación habilita reorganizaciones empresariales bajo condiciones específicas y precisa el cómputo de aportes de divisas realizados por accionistas y empresas vinculadas cuando se destinen al financiamiento efectivo de las obras. El texto conserva los mecanismos de información, autorización y control estatal sobre los compromisos de inversión previamente aprobados.
