Fabián Gregorio, CEO de Proyecto San Jorge (PSJ), destacó la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y afirmó que la ratificación legislativa es el último paso para concretar una inversión total de $559 millones de dólares y reiniciar la producción cuprífera argentina.
Durante su exposición en el panel, Fabián Gregorio, CEO y Presidente de Proyecto San Jorge, enfatizó que la reciente obtención de la declaración ambiental para el proyecto es un «hito significativo para seguir adelante». Sin embargo, aclaró que la DIA es una «condición necesaria, pero no suficiente», ya que aún es requerido el «tratamiento legislativo para el mismo», refiriéndose a la ratificación parlamentaria exigida por la Ley 7722 de Mendoza.
Gregorio detalló que, una vez que se logre «aprobar definitivamente la declaración de impacto ambiental», se activará una «inversión inmediata del orden de los 15 millones de dólares». Esta inversión inicial representa una «puesta en marcha concreta, rápida y que va a tener un impacto real en la economía en el primer año».
El proyecto contempla una inversión total significativa de 559 millones de dólares. El capital inicial necesario para construir la planta se aproxima a los 600 millones de dólares. A la fecha, PSJ ya ha acumulado una inversión de 62 millones de dólares, destinados a «sondajes de exploración, estudios ambientales de ingeniería que han sido realizados bajo los más altos estándares».
PSJ ha sido desarrollado durante «más de 13 años de estudio de línea de base ambiental y social,» contando con la participación de diversas «universidades, organismos públicos y privados, consultores independientes nacionales e internacionales».
Potencial económico
Una vez asegurado el financiamiento y concluido el proceso de factibilización, la construcción de la mina se estima que demandará entre 18 y 24 meses. El impacto económico se proyecta bajo un concepto de «triple impacto».
Respecto a los costos operativos, el proyecto implicará un gasto sostenido de 120 millones de dólares al año. Este flujo de inversión y actividad económica está previsto para durar la vida útil de la mina, que actualmente es de 16 años, con la posibilidad de extenderse hasta 27 años. La extensión de la vida útil depende de «condiciones geológicas y fundamentalmente económicas que lo reflejan en el precio del commodity».
En términos de empleo, la etapa de construcción requerirá la creación de 3.900 puestos de trabajo directos e indirectos. Durante la fase de operación, se esperan 2.400 puestos de trabajo directos e indirectos, calculados a partir de 600 trabajadores en planta, multiplicados por un coeficiente de tres. El CEO de PSJ proyectó que el proyecto podría significar «tres décadas de desarrollo sostenido, generación de empleo, innovación tecnológica y crecimiento económica para la región».
Cobre como mineral crítico y posicionamiento de Mendoza
El proyecto producirá un promedio de unas 40.000 toneladas anuales de cobre fino, siendo el producto final un concentrado. Gregorio subrayó el rol del cobre como «un recurso estratégico… indispensable para el desarrollo de las energías limpias» en el contexto de la transición energética global.
Si el proyecto avanza, Mendoza tendrá la oportunidad de «convertirse en pionera en la producción de cobre en la Argentina». PSJ sería el «primer proyecto cuprífero en reiniciar la producción de cobre en el país,» considerando que las últimas producciones cerraron en 2017. Esto «posicionará la provincia en un mapa mundial de producción de un mineral crítico».
El proyecto busca integrarse al entramado productivo mendocino, buscando «dinamizar todos estos sectores, junto al agro como el turismo, la industria, todos al mismo tiempo se van a ver vistos potenciados».
Estándares y compromiso social
PSJ afirma ser un «proyecto único con muchas ventajas competitivas«, concebido para «evitar impactos y mitigar efectos a lo largo de toda su vida útil». Gregorio mencionó que han incorporado en su planificación integral «más de 16 planes de manejo ambientales y sociales», diseñados bajo «rigurosos estándares ambientales, tanto internacionales exigidos como todo proyecto minero, pero también locales».
La visión del proyecto es «profundamente social», centrándose en programas de desarrollo ambiental, social, y económico de «valor compartido».
En cuanto al compromiso local, el proyecto contempla «capacitaciones técnicas en ámbito de contratación local» y un «programa de desarrollo de proveedores y emprendedores mendocinos». El objetivo es que las «empresas mendocinas y los ahorres mendocinos sean los reales protagonistas del crecimiento de este proyecto», dinamizando sectores como «hoteles, gastronomía, servicios básicos y pymes regionales».
Finalmente, el CEO destacó la participación ciudadana en la última audiencia pública celebrada en agosto, donde se registró una «participación masiva de la comunidad», con las adhesiones de apoyo ciudadano «superando más del 60% de aprobación a nuestro proyecto».
Gregorio concluyó reiterando que PSJ Cobre Mendocino es una «oportunidad histórica» para que la minería moderna y responsable se convierta en una «realidad tangible para la provincia».
Cielo Manzi