Con una inversión proyectada de 18.000 millones de dólares, Lundin Mining y BHP buscan transformar la frontera entre San Juan y Chile en un distrito integrado. El éxito depende de un nuevo acuerdo legal que pase de la exploración a la explotación industrial.
El proyecto Vicuña, situado en la provincia de San Juan, se ha consolidado como el desarrollo de minería metalífera más ambicioso de la región andina. La iniciativa, gestionada por Vicuña Corp. (una alianza en partes iguales entre Lundin Mining y BHP), prevé una inversión de largo plazo de 18.000 millones de dólares, cifra que ya fue comunicada formalmente al presidente Javier Milei.
Más allá de su riqueza geológica, que unifica los yacimientos de Josemaría y Filo del Sol, el verdadero reto del proyecto es institucional. El objetivo es crear un marco legal y operativo capaz de sostener una explotación industrial a gran escala que trascienda las fronteras entre Argentina y Chile, integrando los activos de manera secuencial según su madurez y la infraestructura disponible en ambos países.
Del protocolo de exploración al acuerdo de producción
Actualmente, las actividades en alta montaña se rigen por un protocolo binacional amparado en el Tratado de Integración y Complementación Minera de 1997. Este esquema permite la libre circulación de personal y equipos sin trámites aduaneros, pero está limitado estrictamente a la fase de exploración.
Jack Lundin, directivo de la compañía, adelantó a los inversores que, si bien el sistema actual ha funcionado, el salto a la producción industrial exige reglas cualitativamente distintas. La operación implicará un movimiento masivo y constante de:
- Maquinaria pesada e insumos críticos.
- Concentrados minerales para exportación.
- Proveedores de servicios y una fuerza laboral estable coordinada entre dos jurisdicciones.
La puja por los proveedores locales
La transición hacia un acuerdo formal de explotación genera tanto expectativas como preocupaciones, especialmente en San Juan. El nuevo instrumento legal deberá definir la logística y el tránsito transfronterizo, pero los proveedores argentinos advierten que el marco debe garantizar su participación. Existe el temor de que, por una cuestión de costos o facilidades regulatorias, la empresa priorice servicios y contratistas del lado chileno.
Para mitigar estos riesgos, la comisión binacional prevista por el tratado funciona actualmente como un espacio de negociación técnica y política. Allí se discuten desde la habilitación de corredores de tránsito hasta la armonización de procedimientos operativos, buscando que el desarrollo no relaje los controles estatales y distribuya beneficios equitativos para ambas naciones.
Un precedente para la región
La arquitectura regulatoria de Vicuña es mirada de cerca por toda la industria. De concretarse con éxito, sentará un precedente para futuros desarrollos en zonas de frontera. Aunque el proyecto aún dispone de tiempo antes de entrar en su fase productiva, la complejidad de articular dos sistemas normativos distintos impone una planificación temprana para otorgar la previsibilidad jurídica que una inversión de 18.000 millones de dólares requiere.