La baja del precio del crudo destinado al mercado de exportación –en el año cayó más de un 50% por decisión del Gobierno– amenaza con generar un descenso generalizado de la actividad petrolera en Chubut, el mayor productor del hidrocarburo de la Argentina.
Las operadoras del Golfo San Jorge, que extraen crudos pesados de sus yacimientos –en la jerga petrolera se los conoce como Escalante y Cañadón Seco–, que por su bajo grado API no pueden ser absorbidos, en su totalidad, por las refinerías locales, sufrieron en febrero de 2012 la suspensión del programa Petróleo Plus, que a través de algunos beneficios fiscales equiparaba el valor de exportación con el que se paga en el mercado local, que en la actualidad ronda los u$s 70 por barril. Desde entonces, las petroleras que se ven obligadas a exportar un porcentaje de su producción reciben alrededor de u$s 35, es decir, la mitad de lo que percibían en enero del año pasado.
Frente a ese escenario, la gobernación de Martín Buzzi empezó a gestionar una solución con Nación con vistas a mantener los niveles de inversión en la cuenca. En esa dirección, pretende que el Gobierno modifique el esquema de retenciones a la exportación, de un sistema móvil a uno fijo.
La alternativa presentada por funcionarios de Chubut consiste en establecer un sistema fijo de derechos a la exportación de crudo. “La idea es establecer un esquema de retenciones fijas en torno al 35% del valor internacional”, explicó a El Inversor Online un funcionario provincial. “El crudo exportado tiene un precio neto que ronda los u$s 35 cuando el costo de producción en Chubut es de u$s 28. La diferencia es exigua. Ojalá antes de fin de año podamos tener una solución a este problema con el fin de garantizar la inversión de las petroleras en 2013”, agregó.
La resolución 394/2007 del Ministerio de Economía estableció que las compañías que vendan crudo al exterior recibirían u$s 42 por barril, a lo que habrá que descontar las regalías provinciales, liquidadas sobre el precio internacional. El resto, la diferencia entre ese precio de corte y el valor de venta, queda en poder del Estado nacional.