El tributo asfixiaría a las empresas junior
El Impuesto Inmobiliario, que obliga a las empresas a pagar al fisco provincial el equivalente al 1% de sus reservas minables, se aprobó a mediados de junio. La norma va en contra de la Ley de Inversiones Mineras, que prevé estabilidad fiscal para las mineras.
Después de algo más de cinco horas de discusión, la Cámara de Diputados de Santa Cruz sancionó el 13 de junio parte del proyecto de Ley de Fortalecimiento Financiero, cuyo artículo más importante, que prevé la creación de un Impuesto Inmobiliario Minero, fue aprobado con diez votos a favor y catorce abstenciones. El nuevo tributo, que se denomina “Impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera”, se aplicará sobre los concesionarios de proyectos mineros situados en territorio santacruceño con estudios de factibilidad aprobados. La norma aprobada ayer establece que “será determinado mediante la aplicación de una alícuota establecida por la Ley Impositiva sobre el valor de las reservas que posea la mina”, además de explicar que se entiende por reservas “la porción del recurso mineral técnica y económicamente explotable”.
A su vez, fija la alícuota en el 1% del Código Fiscal. Lo recaudado será destinado “para el financiamiento de la efectiva intransferibilidad de la Caja de Previsión Social de la Provincia”, aunque “se destinará el porcentaje del 0,25% para desarrollo técnico e informático, necesidades edilicias y equipamiento mobiliario de la Secretaría de Ingresos Públicos”.
Respecto de la liquidación del Impuesto, la nueva ley señala que se realizará a través de una Declaración Jurada anual. “El volumen de las reservas declarado no podrá ser menor al volumen consignado en el estudio de factibilidad y/o en los estados contables, más las variaciones emergentes de la explotación de la mina y la exploración llevada a cabo en ella”, además de que “la valuación económica de las reservas se determinará por su cotización en el mercado nacional o internacional, el que resulte mayor, al último día hábil de cada año calendario”, consigna el texto.
Con todo, aclara que están exentos “los concesionarios que se encuentren en etapas de prospección o exploración, hasta tanto presenten el estudio de factibilidad a las autoridades de aplicación provincial o nacional” y “las empresas y sociedades del Estado provincial y las sociedades comerciales con participación mayoritaria del Estado provincial”.
Plata fresca
A partir de la creación del Impuesto Inmobiliario, que no tiene parangón ni antecedentes a nivel mundial, la gobernación de Daniel Peralta aspira a recaudar cerca de $ 500 millones anuales. Las empresas alcanzadas serán las que ya están en producción –Minera Santa Cruz, Cerro Vanguardia y Minera Triton–, y Goldcorp, que está construyendo el proyecto Cerro Moro (entrará en operación a fin de año). En tanto que Yamana Gold, propietaria de Cerro Moro, un prospecto exploratorio en etapa avanzada, podría ser alcanzada cuando declare su factibilidad.
Frente a ese escenario, las mineras preparan, en conjunto, una defensa en la Justicia para frenar la implementación del tributo. Ayer hubo una teleconferencia entre los country manager de las empresas afectadas para delinear una estrategia común. Los representantes legales de cada compañía se reunirán en Buenos Aires para definir detalles de la presentación. Su principal argumento es que el Impuesto Inmobiliario viola la Ley 24196 (de Inversiones Mineras), sancionada en 1993, que protege con estabilidad fiscal de 30 años los proyectos mineros. “También va en contra del cuerpo legal establecido en los últimos 20 años que dio lugar al fuerte crecimiento de la industria”, cuestionaron desde la Cámara Minera de Santa Cruz (Camicruz). El objetivo de las mineras es obtener en la Justicia provincial una medida cautelar que frene la aplicación del impuesto hasta que se defina la cuestión de fondo, es decir, la constitucionalidad o no de la norma. También se contempla solicitar un recurso de amparo en la Justicia federal. ›|‹
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Interna caliente
Voces de distintos sectores advirtieron sobre los efectos negativos de la norma. “Lo que me preocupa es la estabilidad de los más de 15.000 puestos de trabajo ligados a la minería, de manera directa e indirecta, que existen en Santa Cruz. Creo que esta medida va a terminar frenando la actividad”, criticó Héctor Laplace, titular de AOMA, en diálogo con El Inversor Energético & Minero. Extrañamente, la seccional provincial del sindicato apoyó el proyecto de ley impulsado por Peralta, al igual que la Cámara de Proveedores Mineros provincial (Caprominsa), a pesar de que muchos de los socios contratistas se oponían a la modificación del marco regulatorio.
En la creación del Impuesto Inmobiliario Minero también se jugó la interna que mantienen desde hace tiempo el gobernador y los representantes de La Cámpora santacruceña. Llamativamente, en la sesión de ayer, el Frente para la Victoria (FPV) –liderado por los legisladores que responden a la agrupación fundada por Máximo Kirchner– decidió retirar a último momento un proyecto de Ley que contaba con el despacho de la mayoría de comisión, lo que dejó el camino allanado para que se vote el texto de Peralta, que tenía dictamen de minoría.
Los diputados del FPV que se abstuvieron justificaron la decisión de retirar su proyecto al señalar que el gobernador Peralta “condiciona su gestión a la aprobación de este nuevo impuesto”, por lo que consideraron que “no queremos seguir siendo víctimas de un discurso inquisidor, en el que la ausencia de aumentos salariales, pago a proveedores, funcionamiento de la salud, la educación, la seguridad, la cultura, entre otros, sean producto de la falta de este nuevo impuesto”.
Un importante empresario minero lo puso en estos términos: “Los legisladores de La Cámpora se cansaron de que Peralta los corra políticamente acusándolos de defender las mineras y no dejarlo gobernar. Su decisión política fue quitarle el argumento discursivo. Ahora, cuando la debilidad fiscal y económica de la provincia no se revierta, Peralta no podrá decir que es por culpa del kirchnerismo que no lo deja gobernar”, explicó. “Lo que evitaron ver es que esta disputa política está hiriendo de muerte al desarrollo minero en la provincia. Será muy difícil recuperar la confianza de los inversores”, concluyó.