Para retirar 40 millones de Tn de escombrera
Mientras la Justicia define el grado de responsabilidad de la minera que arrojó los escombros y del Estado chileno que habría entregado información cartográfica errónea, San Juan demanda acortar los tiempos de acción.
Principal perjudicada por el incidente ambiental que provocó Minera Los Pelambres, la provincia de San Juan elevará un pedido a la Justicia a fin de apurar los plazos previstos para la remoción del material contaminante en Calingasta. Así lo anticipó el ministro de Minería Alberto Hensel, quien remarcó la necesidad de que el plan de evacuación de los escombros (tasado en u$s 200 millones) comience cuanto antes.
“Ya hay un fallo judicial que ordena el retiro inmediato de las rocas que contaminan nuestro territorio. Ahora solicitaremos que se aceleren las gestiones para sacarlas”, indicó el funcionario provincial.
Según sus palabras, iniciar la remediación del área cordillerana en cuestión es urgente, sobre todo teniendo en cuenta que el proceso será bastante largo. “Se necesita una serie de estudios socioambientales para hacer la evaluación correspondiente y habilitar los trabajos”, precisó.
Actualmente hay 40 millones de toneladas (Tn) de escombrera de roca estéril por retirar. El fallo del juez Federal Leopoldo Rago Gallo obligó a Minera Los Pelambres a efectuar dicha labor. No obstante, el fiscal federal Francisco Maldonado pidió que también se confiera cierto grado de responsabilidad en el incidente a Glencore –titular del terreno contaminado, lindero a la mina El Pachón– por la supuesta negligencia de sus operarios frente a la evidente acumulación de escombros. “No pudieron no verlos”, cuestionó el fiscal.
Adicionalmente, Minera Los Pelambres exige que el Estado trasandino se haga parte de su cuota de culpabilidad. En ese sentido, Jorge Canelas, ex cónsul de Chile en Bolivia, acaba de reconocer que las autoridades de su país entregaron datos cartográficos erróneos a la empresa. “No importa cómo se haya originado el problema, está claro que el error se originó en el Estado chileno”, admitió.
A su entender, hay un error reconocido en una nota diplomática enviada a la Argentina. “Si fue del Instituto Geográfico Militar (IGM) o de la Dirección de Fronteras y Límites (DiFroL), es un asunto que van a tener que resolver las indagaciones y sumarios correspondientes”, sostuvo. ›|‹