Un informe de Americas Market Intelligence cuantifica el impacto económico generado por demoras regulatorias, litigios, inseguridad y conflictos comunitarios en la región.
Las complejidades regulatorias, litigios, conflictos comunitarios e inseguridad han costado o paralizado más de US$ 54.000 millones en la industria minera de América Latina desde 2018, según un análisis de Americas Market Intelligence (AMI). Del total estimado, US$ 38.000 millones corresponden a pérdidas documentadas, sanciones, acuerdos extrajudiciales y desvalorizaciones de activos —destacándose el acuerdo por US$ 31.700 millones por el colapso del tranque Mariana en Brasil—, mientras que los US$ 16.000 millones restantes representan capital congelado en iniciativas postergadas o detenidas. En este último ítem se incluyen US$ 7.000 millones en proyectos cupríferos en Perú y US$ 4.000 millones en tres faenas paralizadas por tramitación ambiental en México.
El director ejecutivo de Plusmining Consulting, Juan Carlos Guajardo, consideró la cifra consistente con el nivel de disrupción del sector. Por su parte, el CEO de GEM Mining Consulting, Juan Ignacio Guzmán, advirtió que los retrasos en los plazos generan un impacto superior a los costos legales o de seguridad al postergar los flujos de caja proyectados y erosionar la valoración de las iniciativas. En Chile, la extensión en procesos ambientales y permisos condiciona proyectos y expansiones, como la reciente anulación de permisos clave para la ampliación de Collahuasi por el Segundo Tribunal Ambiental. En Perú, la conflictividad territorial afecta la continuidad operacional, evidenciada en Las Bambas con más de 700 días de bloqueos viales desde 2016. En Panamá y Colombia se registran escenarios de riesgo político e institucional, ilustrados por el cierre forzado de Cobre Panamá (US$ 6.800 millones), las desvalorizaciones en Quebradona y problemas de seguridad en Buriticá. Frente a este panorama, las mineras globales priorizan proyectos de expansión en faenas existentes (brownfield) sobre desarrollos nuevos (greenfield), mientras países como Argentina, a través del RIGI, y Chile, mediante reformas a los procesos de permisos, buscan restablecer la competitividad regulatoria.