En las últimas semanas la Corte Suprema de Justicia emitió dos fallos avalando la ley que protege los glaciares. En el primero, rechazó un planteo de nulidad realizado por la Barrick Gold de la ley 26.639, que fija el régimen de presupuestos mínimos para proteger los glaciares y el ambiente periglaciar. En el segundo, rechazó la demanda de la firma Pachón, con fundamento en que las cuestiones planteadas resultan sustancialmente análogas a las de la resolución anterior.
Carolina Sánchez, secretaria de Política Minera, rechaza que esos fallos (a los que se sumarán otros tres en la misma línea en el corto plazo) condicionen alguno de los 33 proyectos inventariados: «La situación legal es la misma; no varía nada. No hay iniciativas en operación que puedan ser detenidas; sí podría alcanzar a algunas que no están en marcha. Estamos atendiendo las consultas junto al secretario Sergio Bergman, pero por ahora no tenemos casuística. Hay que recordar que los glaciares se ubican a mucha altura, así que la norma de 2012 no afecta a todos los proyectos por igual».
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) en un comunicado sostuvo que «reafirma su compromiso de trabajo respetuoso con el ambiente y por ende, con la sociedad. Consideramos que toda actividad productiva debe realizarse de forma responsable y transparente, y por ello, impulsamos un desarrollo minero sustentable». Y recordó que cuenta con el programa Hacia una Minería Sustentable, que fija estándares internacionales de calidad y control.
Sobre el fallo, apuntó: «Coincidimos en la exigencia de fortalecer el trabajo entre Nación y provincia, con el objetivo de generar definiciones técnicas e instrumentos que potencien el desarrollo productivo minero, cuidando los recursos naturales dentro del marco legal vigente».
Sánchez insiste en que los sectores que esperan la declaración de inconstitucionalidad de la ley «no son mayoritarios, reflejan la vieja minería y la que hoy es dominante es la nueva, la del futuro, la que va hacia la sostenibilidad. La sociedad argentina no acepta los estándares antiguos».
Daniel Taillant, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), señala que hay unos US$20.000 millones «congelados hace casi una década a la espera de una resolución». Allí se incluyen proyectos de Barrick Gold (Pascua Lama, Veladero, Del Carmen), Glencore (El Pachón), McEwen Mining (Los Azules), Stillwater (El Altar) y Meryllion Gold (Cerro Amarillo), que tienen concesiones mineras en zona de suelos congelados saturados en hielo.
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«El problema para estas empresas es que el suelo de sus concesiones está protegido por ley», dice Tailland. La primera norma fue aprobada en 2008 y fue vetada por la entonces presidenta Cristina Kirchner; la nueva se reglamentó en 2012.
Para Taillant, el inventario de glaciares, que fue realizado con demora, «dejó afuera a la mayoría de los de la Argentina; hay más del doble de los contabilizados y no fueron incluidos por ser demasiado pequeños según el criterio técnico del inventario, si bien en su conjunto, representan un enorme valor hídrico. Tampoco se inventariaron los glaciares de escombros y los elementos del ambiente periglaciar, como obliga la ley. Y no se habla hoy de esta laguna del incumplimiento de la ley de glaciares».
Fuente: La Nación