La Cámara de Diputados provincial sancionó por amplia mayoría la normativa que establece metas del 80% de empleo local y del 60% en contratación de proveedores radicados en el territorio sanjuanino.
La Cámara de Diputados de San Juan aprobó la Ley de Desarrollo Local Minero, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo provincial dirigida a incrementar de forma progresiva el uso de mano de obra, bienes y servicios de origen local en los proyectos mineros. Tras una extensión de cuatro horas de debate en la sexta sesión ordinaria, el texto legislativo obtuvo 32 votos afirmativos y dos negativos. La votación contó con el respaldo del bloque oficialista, bancadas aliadas y el bloque Justicialista, el cual acompañó la propuesta tras asentar observaciones técnicas, registrándose la única ausencia del diputado Fernando Patinella, de La Libertad Avanza.
La normativa aprobada fija obligaciones para las compañías mineras y sus principales contratistas, quienes deberán instrumentar planes de desarrollo con metas que alcancen un 80% de personal sanjuanino en sus plantas de operarios y un 60% de compras a empresas constituidas en la provincia, sujeto a la disponibilidad de oferta competitiva en el mercado. En el esquema de contrataciones se estipula un orden jerárquico de prioridad que favorece en primera instancia a los oferentes de las comunidades de influencia directa de los yacimientos, seguido por el resto de la provincia y, finalmente, por los proveedores del orden nacional o internacional.
Como herramienta central de control, el nuevo marco legal crea el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN.), un padrón público de carácter digital administrado por el Ministerio de Minería cuya consulta será obligatoria para las operadoras mineras. Para acceder y sostener la inscripción en dicho registro, las empresas proveedoras tendrán que acreditar su domicilio operativo y arraigo en la jurisdicción provincial, mantener capital mayoritariamente local, poseer una dotación de personal sanjuanino en el porcentaje de base requerido y acreditar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
El diseño de la ley incorpora incentivos destinados a dinamizar el entramado pyme inscripto, que incluirán líneas específicas de financiamiento, programas públicos de capacitación y asistencia técnica directa. En contrapartida, la autoridad minera implementará un régimen sancionatorio para supervisar el cumplimiento de las metas pautadas, el cual faculta la aplicación de multas económicas y la potestad de suspender o revocar de forma definitiva las inscripciones comerciales en el padrón provincial.