La Cámara de Diputados provincial habilitó las tareas de perforación en un área de 230.000 hectáreas ubicada entre San Rafael y Malargüe, aunque las autoridades advirtieron que la determinación de la viabilidad comercial demandará años de estudios técnicos.
La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Don Luis, lo que autoriza formalmente el inicio de la fase de exploración de litio contenido en salmueras. La iniciativa abarca una superficie de 230.000 hectáreas distribuidas entre los departamentos de San Rafael y Malargüe, y tiene como objetivo realizar perforaciones y muestreos de laboratorio para verificar si la cantidad y calidad del mineral justifican un futuro desarrollo industrial.
El proyecto unifica propiedades mineras de tres titulares particulares, quienes se asociaron entre sí y posteriormente firmaron un acuerdo con la compañía australiana Ampere Lithium para financiar y ejecutar las campañas de perforación. Según la Dirección de Minería de la provincia, la amplitud de la superficie bajo estudio responde a necesidades técnicas vinculadas a los relevamientos geofísicos, y no a que exista un interés geológico homogéneo en la totalidad del área.
El director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal, precisó que la zona elegida —en las Salinas del Diamante— cuenta con antecedentes de estudios geoquímicos y producción de sales, lo que otorga una base de información previa al inicio de los trabajos. Asimismo, el funcionario señaló que el área presenta ventajas logísticas frente a los yacimientos de la Puna argentina, debido a que no se encuentra a sectores de extrema altura ni alejada de los centros urbanos, factores que podrían facilitar los procesos operativos.
Pese a estas condiciones, la administración provincial aclaró que los plazos de esta etapa son indeterminados y dependen de los resultados de los sondajes, tras recordar que estadísticamente solo entre el 1% y el 4% de las prospecciones mineras globales logran convertirse en explotaciones efectivas.
La autorización otorgada por el Poder Legislativo rige exclusivamente para las tareas de exploración. Las autoridades provinciales enfatizaron que, en caso de obtener resultados positivos que confirmen un yacimiento económicamente viable, la empresa operadora estará obligada a presentar un informe de impacto ambiental completamente nuevo y atravesar otra vez todas las instancias de evaluación minera, técnica, municipal y comunitaria antes de recibir el aval para la explotación del recurso.