El Parlamento trasandino se encuentra discutiendo cambios normativos que podrían modificar las reglas de juego de varios emprendimientos metalíferos ubicados en la Cordillera de los Andes.
Un proyecto de ley orientado a garantizar la protección y preservación de los glaciares inquieta a la castigada minería chilena, que no sólo sufre la caída de la inversión sectorial, sino que también afronta embates judiciales como los que paralizan el desarrollo de Pascua-Lama.
Por estos días, el Parlamento trasandino debate la imposición de nuevas exigencias a las mineras que deseen obtener los permisos ambientales pertinentes para lanzar operaciones situadas en las alturas cordilleranas. Además de fijar un reconocimiento legal a las distintas clases de glaciares, la propuesta los declara “bienes nacionales de uso público” y prohíbe constituir derechos de agua sobre ellos.
De aprobarse, la normativa posibilitaría al Gobierno chileno revisar –aunque no revocar– todos los permisos vigentes, y sobre la base de dicho relevamiento requerir a las empresas involucradas nuevas medidas de mitigación. “Los emprendimientos en marcha deberán adecuarse a los cambios planteados, que en algunos casos serán verdaderamente significativos”, advirtió el superintendente de Medio Ambiente de Chile, Cristian Franz.
Según el funcionario, el marco sancionatorio no debería representar un obstáculo para la llegada de inversiones al segmento minero. “Por el contrario, una mayor fiscalización tendría que promover un círculo virtuoso en la actividad, al permitir una mejora en la gestión ambiental por parte de los desarrolladores”, aseguró.
Entre las iniciativas metalíferas que actualmente se encuentran amenazadas por cuestiones legales sobresale el caso de Pascua-Lama. Una de las denuncias que pesan sobre Barrick Gold, la titular del complejo binacional, se refiere justamente al impacto de su desarrollo sobre los glaciares cercanos. Aunque ésta fue hasta el momento desestimada, la nueva ley volvería a poner en discusión el tema.
Asimismo, la estatal Codelco, a cargo de Mina Andina, afronta una creciente oposición por parte de grupos sociales preocupados por el cuidado de las fuentes de agua y las masas de hielo circundantes a ese yacimiento.
Legislación pionera
Luego de fuertes polémicas, el 30 de septiembre de 2010 la Argentina se convirtió en el primer país del mundo en contar con una normativa específica de protección de glaciares. Sin embargo, a pocas semanas de su sanción, la implementación del marco legal quedó en stand by por las medidas cautelares que presentaron Barrick y la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), con apoyo del Gobierno de San Juan.
Dos años después, la Ley 26.639 comenzó a efectivizarse: el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) reactivó la confección del Inventario Nacional de Glaciares y la identificación de las áreas prioritarias donde hay tareas mineras en ejecución.
En ese escenario, el Gobierno sanjuanino decidió poner en marcha sus propias auditorías ambientales en cada uno de los emprendimientos metalíferos de la provincia, comenzando por Veladero y Lama. Éstas concluyeron que ninguno de los dos proyectos afecta a los glaciares de sus zonas de influencia. ›|‹