La sentencia se basó en la defensa de la división de poderes y en la garantía constitucional del artículo 41 por un ambiente sano. Asimismo, aludió al cumplimiento del Acuerdo de París para luchar contra el cambio climático.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó la constitucionalidad de la Ley de Glaciares (Ley 26.639). La norma, destinada a proteger los cuerpos de agua de la Argentina, podría dificultar el desarrollo de más de 40 proyectos mineros en la zona cordillerana. El fallo le pone punto final a un reclamo iniciado hace ocho años por Barrick Gold, que solicitaba redefinir los límites geográficos y morfológicos de los sitios donde puede practicarse la minería.
La determinación suscitó rea-cciones dispares. A decir del secretario de Medio Ambiente, Sergio Bergman, la determinación de la Corte no modifica la política de Estado sostenida por el Gobierno nacional. “Estamos decididos a cuidar nuestros glaciares, que son recursos hídricos estratégicos para el país”, aseguró.
La secretaria de Política Minera de la Nación, Carolina Sánchez, celebró que al fin quede zanjado un debate de larga data. “La implementación de la ley exige fortalecer las definiciones técnicas y el trabajo articulado con las provincias, mecanismo que ya venimos llevando adelante”, manifestó.
Desde el Gobierno de San Juan, en tanto, se optó por relativizar los alcances del dictamen. De acuerdo con el ministro sanjuanino de Minería, Alberto Hensel, éste no afecta la actividad minera provincial ni impide futuros emprendimientos. “El fallo no beneficia ni perjudica al sector. Es muy bueno que la Corte haga un claro reconocimiento de las facultades, atribuciones y derechos que tienen las provincias sobre sus recursos originarios”, sostuvo.
Entre los empresarios, sin embargo, la novedad no fue tan bien recibida. Para Alejandro Donna, referente de la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI), la medida atenta contra el desarrollo industrial. “Al ser tan ambigua y vacía, esta ley no sólo paralizará la actividad minera, sino también la confección de pasos fronterizos y la construcción de centros de esquí y hoteles”, advirtió.
La Cámara Minera de San Juan (CMSJ), por su parte, emitió un comunicado en el que reclamó conjugar el respeto por las normas e instituciones con el protagonismo activo de las empresas. “Las leyes deben promover el desarrollo integral de los recursos propios de cada territorio, sin cercenar sus riquezas ni las oportunidades de crecimiento de su pueblo, como tampoco su biodiversidad sistémica. Creemos en eso y seguiremos trabajando por el bien integral de nuestra casa común”, afirmó la entidad.
Festejos ambientalistas
Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA) reivindicaron la decisión de la Corte y reclamaron el cese inmediato de toda actividad minera que afecte a los glaciares. “No se puede avanzar en las zonas donde hay glaciares o donde se pone en riesgo el ambiente periglacial”, enfatizó Gonzalo Strano, vocero de Greenpeace.
Según Pía Marchegiani, directora de Política Ambiental de FARN, la sanción reafirma la importancia estratégica de las fuentes de agua dulce. “Los intereses particulares no pueden pasar por alto las necesidades de un país de preservar sus bienes ambientales”, remarcó.
A criterio de Enrique Viale, representante de la AAAA, se acabaron las excusas. “Llegó la hora de avanzar hacia la aplicación efectiva de la Ley de Glaciares, especialmente en las zonas donde éstos están en peligro”, concluyó. ›|‹