Un puñado de iniciativas aún no anunciaron su construcción pero están en lista de espera. Incluyen desde megaobras, como Pachón y Taca Taca, hasta minas de menor envergadura, y aguardan una mejora sustancial en el clima de negocios.
Con distinto grado de avance, en un espectro que contempla desde proyectos en exploración hasta los que ya encararon estudios de factibilidad, la Argentina cuenta con 15 iniciativas mineras que podrían movilizar inversiones por u$s 30.000 millones entre 2015 y 2020.
Los datos surgen de un relevamiento realizado por El Inversor Energético & Minero entre las provincias mineras. Se trata de emprendimientos nuevos, que aún no anunciaron el inicio de su construcción, pero que de cumplir con el avance planificado podrían ser una realidad a mediano plazo.
La paleta la integran desde megaproyectos que demandarán inversiones siderales, como Pachón –en manos de Xstrata Copper–, que está preparando su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y en etapa de factibilidad de la obra, y que costará, una vez lanzada, alrededor de u$s 6.000 millones, hasta prospectos exploratorios con gran potencial, como Taguas, en San Juan, o Taca Taca, en Salta, que de alcanzar el nivel de reservas adecuado y concretar su construcción, movilizarían inversiones, en conjunto, por más de u$s 7.000 millones.
“Existen alrededor de 25 proyectos avanzados que, de ponerse en marcha, asegurarían el desarrollo de la actividad a mediano y largo plazo”, aseguró Julio Ríos Gómez, presidente de Gemera, la entidad que nuclea a las mineras exploradoras radicadas en la Argentina. Está claro que, por magnitud, los yacimientos más importantes se encuentran en el norte de cuyo y en la región del NOA.
En San Juan, por caso, la empresa Goldfield sigue adelante con la exploración de Taguas, un reservorio de oro, plata y cobre. Es una iniciativa a la que, sin embargo, le falta acopiar varios miles de metros perforados para cuantificar en detalle sus zonas de mineralización, pero que en algunos años podría movilizar, al momento de su construcción, cerca de u$s 3.000 millones.
Más avanzado, aunque todavía en instancia exploratoria, es el estado de Los Azules y Altar, dos proyectos de cobre en el sur de San Juan. El primero, propiedad de Minera Andes, impulsó la perforación de 26.000 metros exploratorios en la última campaña iniciada en octubre. Su puesta en explotación demandaría alrededor de u$s 3.500 millones, cifra similar a la que requeriría Altar, propiedad de Stillwater Resources.
Está claro que la materialización de ambas iniciativas –al igual que muchas otras que están en una etapa germinal– exige un encadenamiento de cuestiones. A saber: el financiamiento externo de los proyectos, el mayor desafío teniendo en cuenta el enfriamiento de los mercados internacionales, en especial de los fondos de inversión y plazas bursátiles. Y las garantías normativas y jurídicas a nivel nacional y provincial.
El tema cambiario no es menor. Durante todo 2012, las empresas mineras con actividad en el país no pudieron girar dividendos a sus casas matrices debido a la versión corporativa del cepo cambiario que instaló el gobierno de Cristina Kirchner.
Luego de arduas gestiones, el Banco Central les permitió avanzar con esa operatoria a cuenta gotas durante enero de este año. Pero desde el primer día de febrero la entrada en funciones de una nueva normativa de la AFIP (el organismo recaudador) volvió a complicar esa clase de trámites.
En el sur
“Para el segundo semestre se espera una mejora de los mercados financieros, que están golpeados por la crisis de Europa y desaceleración de Asia”, explicó un operador financiero. En cuanto a la situación regulatoria en el país, los mayores cortocircuitos se observan en los distritos del sur. La Patagonia está signada por una particularidad, poco feliz: es una de las regiones con proyectos mineros más avanzados –algunos en condiciones de iniciar su explotación– que, por inconvenientes legales, se mantiene en stand by.
Es el caso, por ejemplo, de Navidad, de Pan American Silver, que prevé la producción de uno de los mayores yacimientos de plata del planeta, pero que está suspendido debido a que Chubut sostiene la Ley 5001, que no permite la actividad en la Meseta central de la provincia. La problemática no sólo afecta a inversores privados. La CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) prorroga desde hace años la explotación de Cerro Solo, el reservorio uranífero para importante del país, por el mismo motivo.
Aun así, hay iniciativas que ya tienen luz verde para avanzar. Figuran en esa lista Lindero, de la canadiense Goldrock, que contempla la extracción de oro en la Puna salteña; Lomada de Leiva, de Patagonia Gold –una de las pocas mineras con participación de capitales locales, representados por el grupo Miguens-Bemberg–, que avanza hacia la producción de oro en Santa Cruz; y Cerro Moro, de Yamana Gold, que prevé iniciar la construcción de una mina metalífera en la misma provincia en 2014.