El Gobierno nacional dio luz verde al proyecto aurífero Gualcamayo en San Juan, con una inversión de US$ 665 millones y 1.700 empleos directos. Con esta incorporación, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ya acumula diez iniciativas aprobadas, mayormente vinculadas a energía y minería.
El Gobierno nacional alcanzó un nuevo hito en la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con la aprobación del proyecto minero Gualcamayo, ubicado en la provincia de San Juan. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó la magnitud de la inversión y su impacto en el empleo y la producción minera.
Gualcamayo es un desarrollo de oro y plata que contempla una inversión de US$ 665 millones y la generación de unos 1.700 puestos de trabajo directos. Según precisó Caputo, el proyecto permitirá extender la vida útil de una mina que se encontraba en etapa de agotamiento, gracias a la incorporación de un nuevo tipo de mineralización.
Con esta aprobación, el Ejecutivo contabiliza diez proyectos ya incorporados al RIGI, con compromisos de inversión que superan los US$ 25.000 millones. La mayoría de las iniciativas se concentran en los sectores energético y minero, y se distribuyen en distintas provincias del país, entre ellas Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe.
El listado de proyectos aprobados incluye desarrollos de energías renovables, infraestructura energética, minería de litio, cobre, oro y plata, además de iniciativas industriales y portuarias. Entre ellos figuran el oleoducto Vaca Muerta Sur, la ampliación del proyecto Rincón de Litio de Rio Tinto, el emprendimiento cuprífero Los Azules y la nueva planta siderúrgica de Sidersa, entre otros.
En paralelo, el desempeño del sector minero acompaña este escenario de inversiones. Con el precio del oro en máximos históricos, por encima de los US$ 4.500 la onza, las exportaciones mineras argentinas acumularon entre enero y noviembre de 2025 un total de US$ 5.406 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 30,7%.
Mientras avanza la incorporación de proyectos, el Gobierno evalúa extender el plazo de adhesión al RIGI más allá de julio de 2026. Así lo adelantó el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, quien señaló que la definición podría tomarse durante el verano y recordó que ya ingresaron más de 27 iniciativas para su análisis.
La normativa vigente establece un período de dos años para adherir al régimen desde su entrada en vigor, con la posibilidad de una única prórroga de hasta un año adicional por decisión del Poder Ejecutivo.
El atractivo del RIGI para las empresas se explica por un paquete de incentivos fiscales y regulatorios que incluye la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, beneficios en derechos de exportación, tratamiento especial del IVA en la etapa preoperativa y la posibilidad de recurrir a arbitraje internacional ante eventuales controversias.