Tras el receso de Semana Santa, el bloque gubernamental retoma la actividad parlamentaria con el objetivo de sancionar definitivamente el proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado desde fines de febrero.
El oficialismo nacional apuesta a cerrar esta semana uno de los debates legislativos más calientes del año. La Cámara de Diputados tiene previsto sesionar este miércoles 8 de abril para votar la reforma de la Ley de Glaciares, con la intención de darle sanción definitiva a una iniciativa que generó una participación ciudadana inédita y que divide aguas entre sectores ambientales y productivos.
El proyecto ya superó el primer obstáculo institucional. A fines de febrero, el Senado le dio media sanción con los votos necesarios para avanzar hacia la Cámara baja, donde ahora el Gobierno busca completar el trámite legislativo sin mayores demoras. La iniciativa forma parte de los proyectos pendientes de las sesiones extraordinarias.
El paso previo a la sesión se dará este martes, cuando está convocado un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales. Allí expondrán especialistas y se buscará avanzar con la firma del dictamen necesario para habilitar el tratamiento en el recinto. La estrategia del oficialismo es cumplir con las instancias formales sin extender el debate más de lo necesario, de modo de llegar al miércoles con los acuerdos cerrados.
El proyecto llega al recinto luego de una audiencia pública que dejó en evidencia el alto nivel de interés y controversia que rodea a la reforma. Más de 102.000 personas se inscribieron para exponer, aunque menos de 400 pudieron hacerlo durante las jornadas realizadas en el Anexo de Diputados.
En cuanto al contenido, la reforma propone cambios sustanciales sobre la normativa vigente desde 2010. Entre los puntos centrales, redefine qué se considera glaciar y ambiente periglacial, y otorga mayor protagonismo a las provincias para determinar, mediante estudios técnicos, qué áreas deben ser incluidas o excluidas del inventario nacional de glaciares.
El vínculo con la actividad minera es uno de los ejes del debate político en torno al proyecto. El gobierno de San Juan, provincia con fuerte tradición minera, ya ratificó públicamente su apoyo a la iniciativa. Para el oficialismo nacional, sancionar la reforma implica consolidar uno de los cambios clave en materia de regulación ambiental y desarrollo productivo.