La definición depende de un decreto presidencial y se resolvería durante el verano. La prórroga permitiría a las empresas contar con un año adicional para adherirse al régimen, en un contexto de inversiones avanzadas pero con tiempos administrativos limitados.
El Gobierno nacional analiza la posibilidad de extender por un año el plazo para adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una decisión que requiere la firma de un decreto presidencial y que podría anunciarse durante la temporada de verano. La alternativa surge ante los tiempos ajustados que enfrentan varios proyectos mineros para cumplir con la fecha límite vigente, fijada para julio de 2026.
El planteo se enmarca en los avances registrados por el RIGI desde su implementación. Hasta el momento, tres proyectos vinculados a la minería fueron aprobados por un monto estimado de 6.000 millones de dólares, mientras que otras once iniciativas se encuentran en evaluación por un total de 16.000 millones. A ello se suman inversiones potenciales que podrían elevar el volumen general a unos 20.000 millones.
La preocupación en el sector radica en que, debido a la naturaleza de los desarrollos mineros, los plazos de preparación, ingeniería y financiamiento suelen extenderse más de lo previsto. Frente a este escenario, diversas compañías solicitaron formalmente la activación de la prórroga prevista en la ley, que habilita un año adicional para presentar la adhesión.
Durante el evento “Oro, Plata y Cobre 2025”, organizado por Panorama Minero, el viceministro de Energía y Minería, Daniel González, señaló que la decisión depende del Poder Ejecutivo y que se espera una definición durante los meses de verano. También destacó que el RIGI se consolidó como un esquema reconocido a nivel internacional, lo que, según su visión, dificulta argumentar en contra de su continuidad.
En el mismo encuentro, el secretario de Minería, Luis Lucero, subrayó que el régimen acumula inversiones comprometidas por 31.000 millones de dólares y consideró que esta cifra era impensada hace una década. El funcionario invitó a las empresas interesadas a acercarse a la Secretaría para aclarar dudas sobre un proceso que reconoció como complejo.
Lucero también planteó que, de cara a nuevas presentaciones, se busca ampliar la participación de proyectos vinculados a infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y de transmisión eléctrica, con el fin de complementar el crecimiento del sector minero. En su exposición afirmó que Argentina avanza hacia una estructura productiva donde minería y energía tendrán un peso equivalente al de la tradicional producción agropecuaria.
Otro de los temas abordados fue la modificación de la Ley de Glaciares, señalada por las compañías como un aspecto determinante para la viabilidad de los grandes proyectos de cobre. El secretario indicó que se trabajó durante meses para alcanzar consensos y aseguró que la reforma será “un ejercicio de federalismo”, en el que las provincias validarán los estudios científicos que fundamenten las medidas de protección.
González, por su parte, valoró la decisión del Gobierno de encarar la revisión de la normativa y afirmó que el país recuperó competitividad como destino de inversión en recursos minerales.
Para cerrar el balance sectorial, el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Roberto Cacciola, definió 2025 como “un buen año” para la actividad. Entre los factores positivos mencionó la eliminación de retenciones para distintos minerales, anuncios de nuevas inversiones y la entrada en producción de tres proyectos de litio, pese al contexto de precios internacionales moderados.