El Gobierno avanzará con una ley aclaratoria para modificar la Ley de Glaciares y devolver a las provincias el control del ambiente periglacial

El secretario de Minería, Luis Lucero, confirmó que el Ejecutivo ya redactó una ley aclaratoria para redefinir los alcances de la Ley de Glaciares y otorgar a las provincias la potestad de determinar qué áreas integran el ambiente periglacial. El objetivo es destrabar proyectos mineros —especialmente los grandes desarrollos de cobre— y dar mayor certidumbre jurídica al sector, en coordinación con el impulso del RIGI.

El Gobierno nacional avanza hacia una modificación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639), con el foco puesto en destrabar inversiones mineras de gran escala y ordenar las competencias entre la Nación y las provincias. La definición llegó de boca del secretario de Minería, Luis Lucero, quien confirmó que el Ejecutivo ya elaboró una ley aclaratoria cuyo texto está redactado y “muy elaborado”.

“El debate sobre glaciares lleva meses. Hemos trabajado calladamente, buscando consensos internos. En el gobierno se estableció que lo mejor es una ley aclaratoria, y por eso el texto ya está redactado”, afirmó Lucero en el Seminario Argentina Oro, Plata y Cobre, organizado por Panorama Minero.

La propuesta apunta a redefinir los alcances de la Ley de Glaciares, otorgando a cada provincia la facultad de determinar con precisión qué áreas corresponden al ambiente periglacial. El objetivo es dotar de mayor certeza jurídica a inversiones mineras y de hidrocarburos que hoy están paralizadas por la interpretación vigente de la norma.

“Básicamente va a ser un ejercicio de federalismo. Buenos Aires no puede decirle a las provincias qué hacer con su agua. La ley aclaratoria restituye a las provincias la capacidad de decidir, sobre la base de estudios científicos evaluados por quienes tienen los recursos”, enfatizó el funcionario.

El argumento central es que la modificación permitiría “aprovechar las riquezas naturales” del país, una visión compartida por los gobernadores de las provincias con mayor potencial minero, como San Juan y Mendoza.

En términos técnicos, la iniciativa implicaría modificar la ley, pero su espíritu —según Lucero— es estrictamente aclaratorio: ordenar conceptos, definir criterios uniformes y establecer con claridad que las provincias son las encargadas tanto de la gestión de los recursos naturales como de los permisos ambientales, incluido el análisis de cuáles geoformas del ambiente periglacial aportan efectivamente agua y, por lo tanto, deben ser protegidas.

Un debate ligado al RIGI

La discusión no está aislada. La eventual reforma de la Ley de Glaciares está directamente vinculada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que el Gobierno promociona como plataforma para atraer proyectos por unos 25.000 millones de dólares. Sin una resolución clara del marco regulatorio ambiental, advierten, el potencial del régimen podría verse limitado.

En este sentido, desde el sector privado y gobiernos provinciales se reclama una “concertación federal” que armonice competencias y garantice reglas estables. El desafío es equilibrar la protección de los recursos hídricos con la certidumbre necesaria para que avancen los grandes desarrollos de cobre, críticos para la transición energética global.

Un futuro en disputa

Los proyectos mineros en carpeta —especialmente en San Juan, el distrito con mayor cartera de cobre del país— dependen en gran medida de esta definición legal. Las empresas sostienen que la interpretación actual de la Ley de Glaciares obstaculiza operaciones y genera inseguridad jurídica. En contraste, organizaciones ambientalistas advierten que una flexibilización podría implicar un “retroceso ambiental” y poner en riesgo reservas estratégicas de agua.

La expectativa es que el Poder Ejecutivo impulse una solución —sea una nueva ley o un decreto reglamentario— que fije una interpretación definitiva, con un equilibrio entre la protección de ecosistemas sensibles y la necesidad de generar inversiones, empleo y divisas mediante una minería moderna y responsable.