La legislación que la Corte respaldó determina áreas protegidas y exentas de cualquier actividad (incluso de generación de infraestructura) a las zonas aledañas a los glaciares, pero también a las de los suelos periglaciales.
El punto conflictivo para la provincia es que la ley no determina a partir de qué altura se considera área protegida. Según Ferrer, algunos especialistas dicen 2000 y otros 3000 metros. Entonces, al no estar aclarado, existe un peligro potencial acerca de ciertos emprendimientos.
Desde el gobierno de Mendoza, dijeron que, mientras Cerro Amarillo no se puede desarrollar actualmente porque así lo determina la Ley Provincial 7722 y la Ley Nacional de Glaciares, Hierro Indio no está ubicado en zona protegida, por lo tanto podría ponerse en marcha.
La versión de Carlos Ferrer es un poco más drástica. Según manifestó, si se sumaran las zonas restringidas por ambas legislaciones, directamente no habría dónde realizar actividad minera.
“La ley de Glaciares no es clara en muchos puntos. Hace referencia a que no se puede generar infraestructura en estos sitios, entonces se podría suponer que no sólo no se puede desarrollar minería, sino tampoco emprendimientos como Las Leñas, o el Paso de Agua Negra, en San Juan”, sostuvo Ferrer.
En tanto esto ocurre en Buenos Aires, en Mendoza hay nuevos intentos por derogar la ley 7722, que tanta polémica ha generado entre ambientalistas y promineros.
Fuente: Diario Uno