La iniciativa busca crear un Régimen de Desarrollo Local con metas de hasta un 80% de mano de obra sanjuanina y un 70% de proveedores provinciales. El foco está puesto en el impacto del megaproyecto Vicuña en el departamento Iglesia.
En un movimiento político inesperado, el bloque Bloquista se adelantó al Poder Ejecutivo y presentó en la Cámara de Diputados de San Juan un proyecto de ley clave para el futuro de la industria extractiva: el Régimen de Desarrollo Local Minero. La propuesta, impulsada por los legisladores Luis Rueda, Gustavo Deguer y Federico Rizo, busca actualizar un marco normativo que consideran «insuficiente» frente al actual volumen de inversiones en la provincia.
La presentación tiene una fuerte carga territorial, ya que el partido controla el municipio de Iglesia, departamento que alberga el distrito Vicuña (integrado por los yacimientos Josemaría y Filo del Sol), uno de los polos mineros más prometedores de la región.
Cuotas de empleo y prioridad para proveedores locales
El eje central del proyecto establece «metas de referencia» ambiciosas para asegurar que la riqueza generada por la minería permanezca en la provincia. Entre los puntos más destacados se encuentran:
- Mano de obra local: Se plantea un objetivo de hasta el 80% de empleo para residentes sanjuaninos.
- Contratación de servicios: Las empresas mineras deberían alcanzar hasta un 70% de proveedores locales.
- Prioridad territorial: El régimen introduce criterios para favorecer específicamente a los habitantes y empresas de los departamentos donde se asientan los yacimientos.
Para garantizar el cumplimiento de estas metas, la iniciativa propone la creación de un Registro Provincial de Proveedores Mineros. Las operadoras estarían obligadas a presentar planes de desarrollo de proveedores y empleo local con actualizaciones periódicas, sujetos a evaluación y monitoreo estatal.
Competitividad y control estatal
Uno de los aspectos más innovadores es la introducción de una regla de comparabilidad de precios. Esta norma permitiría priorizar a las empresas sanjuaninas cuando sus ofertas técnicas sean equivalentes y competitivas frente a propuestas de firmas foráneas, evitando que la contratación local sea desplazada exclusivamente por costos.
Asimismo, el proyecto otorga facultades de auditoría al Estado provincial y establece un régimen de infracciones y sanciones para aquellas compañías que incumplan con las declaraciones juradas o los planes de desarrollo presentados.
Con esta iniciativa, el Bloquismo busca liderar el debate sobre la «licencia social» y el impacto económico directo de la minería, poniendo presión sobre la Legislatura para definir cómo se repartirán los beneficios del sector en los próximos años.