La Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos, la cual reemplaza la licencia ambiental única por un sistema de «autorizaciones» diferenciadas. El proyecto busca reducir la burocracia administrativa y reforzar la seguridad en las zonas de extracción frente al avance de redes criminales.
En una sesión clave celebrada este jueves 26 de febrero en Samborondón, la Asamblea Nacional de Ecuador dio luz verde a la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. La iniciativa, enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter de económico urgente, obtuvo 77 votos a favor, 70 en contra y cuatro abstenciones, reflejando la intensa polarización entre la necesidad de divisas del Estado y las demandas de sectores ambientales e indígenas.
Un nuevo esquema de permisos ambientales
El núcleo de la reforma radica en la transformación del modelo de permisos. La tradicional licencia ambiental, como figura única, es sustituida por una “autorización ambiental” más flexible. Este nuevo esquema establece tres vías de aprobación basadas en el nivel de riesgo de cada proyecto:
- Licencia completa: Se mantiene para actividades de mayor impacto ambiental.
- Registros y certificados: Modalidades más ágiles destinadas a iniciativas de menor huella.
Según el Gobierno, este rediseño técnico busca eliminar los «cuellos de botella» administrativos que han retrasado históricamente las inversiones, asegurando que no se alterarán los estándares técnicos vigentes. El objetivo es consolidar a la minería industrial como una fuente estable de ingresos para la economía dolarizada, siguiendo el éxito de proyectos como Fruta del Norte y Mirador.
Seguridad y lucha contra la extracción ilegal
La reforma también introduce un eje de seguridad estratégica. El paquete legal permite la creación de áreas mineras con protección especial, contemplando la presencia de fuerzas de seguridad en zonas vulnerables a la minería ilegal y redes criminales.
La ministra Inés Manzano ha advertido sobre la presión creciente en provincias como Napo y zonas del sur del país, donde la extracción clandestina ha forzado la paralización de plantas debido a la contaminación y la expansión descontrolada. La lógica de la nueva ley es que la minería formal, mediante la trazabilidad y auditoría, sirva como herramienta para ordenar el territorio donde el Estado ha perdido control.
Tensiones políticas y sociales
A pesar de su aprobación, el camino legislativo no fue sencillo. La Asamblea excluyó el artículo 29 del proyecto tras las quejas de legisladores amazónicos, quienes señalaron posibles afectaciones en las regalías petroleras regionales.
Por otro lado, la resistencia social no se hizo esperar. Organizaciones indígenas, lideradas por la CONAIE, y grupos ambientalistas sostienen que la simplificación de trámites es en realidad un «atajo» que vulnera el derecho a la consulta previa y pone en riesgo ecosistemas sensibles como páramos y cuencas hídricas.
De hecho, apenas aprobada la norma, comunidades de Azuay presentaron acciones legales y anunciaron recursos ante la Corte Constitucional. Los demandantes alegan falta de consulta prelegislativa y expresan preocupación por el impacto en zonas como Quimsacocha y el sistema hídrico de Loma Larga.
El desafío de la implementación
Más allá de los cambios en el papel, el éxito de esta reforma dependerá de la capacidad operativa de las agencias estatales. El mercado internacional observa con cautela: si bien la reapertura del catastro minero en 2025 y esta nueva ley son señales de apertura, la estabilidad a largo plazo en Ecuador sigue ligada a la resolución de los conflictos sociales y la seguridad jurídica.
La reforma reorganiza además las fases de exploración para ajustarlas a los tiempos reales de la industria y ajusta las patentes de conservación para evitar concesiones ociosas, intentando equilibrar el fomento a la actividad efectiva con la protección del entorno.