Proyectan desembolsos por u$s 200 millones en el proyecto San Jorge
A cargo de un 70% de las acciones que Coro Mining tenía en el proyecto cuprífero San Jorge, Solway Investiment y Aterra Capital están a la espera de un visto bueno judicial para concretar la primera inversión privada de Rusia en la minería nacional.
Lo había anticipado, a fines del año pasado, el secretario de Minería, Jorge Mayoral: “Las nuevas inversiones en la minería argentina provendrán de países distintos de los que estamos habituados”, dijo. Específicamente, el funcionario se refirió a los mercados de China, Corea del Sur, Japón, India y Rusia.
Con un 70% de las acciones que la canadiense Coro Mining poseía en el proyecto de cobre San Jorge, ubicado en la localidad cordillerana de Uspallata, dentro del departamento de Las Heras (en Mendoza), los grupos Solway Investiment y Aterra Capital aguardan la decisión de la Corte Suprema de Justicia (que debe juzgar si es constitucional la prohibición a la actividad metalífera en suelo mendocino) para desembolsar en el emprendimiento unos u$s 200 millones. De concretarse, se trataría de la primera inversión rusa en la industria minera nacional.
Según Taras Nechiporenko, ex asesor de la Embajada de Rusia en Chile y CEO del proyecto desde hace cinco meses, la idea es reactivar San Jorge en su formato biprovincial (extrayendo la roca en Mendoza y procesándola en San Juan), y así brindarle trabajo a unas 5.000 personas, entre puestos de empleo directos e indirectos. “Si comenzamos a producir 25.000 toneladas (Tn) de cobre fino por año, estaremos en condiciones de abastecer la demanda interna de la Argentina, que actualmente importa este insumo clave para la metalmecánica”, señaló el directivo.
Aterra es dueña de minas de uranio en Turquía, de zinc en Kenia, de plata en Rusia y de otros minerales en Colombia, Nueva Guinea e Indonesia. Solway, por su parte, explota níquel en Guatemala (donde posee una planta tasada en u$s 600 millones), oro en el este ruso y zinc en Macedonia, entre otras operaciones.
En espera
Hace seis años que la Corte está analizando la constitucionalidad de la Ley 7.722, la cual prohíbe la minería metalífera en suelo mendocino. Por estos días, las múltiples causas que se tramitan en conjunto ingresaron a una etapa procesal decisiva, con el cierre de los alegatos, por lo que el dictamen parece inminente. Si bien el máximo tribunal podría emitir la sentencia apenas culmine la feria judicial de julio, tampoco sería descabellado que eso ocurra varios meses después.
A fines de agosto de 2011, mientras el gobernador Francisco “Paco” Pérez estaba en plena campaña electoral y la provincia era gobernada por Celso Jaque, la Legislatura mendocina dejó en stand by la aprobación final de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge.
Localizado en el noroeste de Mendoza, en un cerro ubicado dentro de la estancia El Yalguaraz, el reservorio cuprífero queda unos 22 kilómetros al sur de la frontera con San Juan. Dicha cercanía alienta la posibilidad de una operación biprovincial de la iniciativa, en caso de que la Justicia ratifique la restrictiva Ley 7.722.
Sobre la base de dicha alternativa, la extracción del cobre tendría lugar en territorio mendocino, pero luego el material en crudo sería trasladado en tren hasta Calingasta, en la provincia gobernada por José Luis Gioja, donde se procedería a tratarlo químicamente con cianuro. ›|‹