Pocos meses después de la estatización de YPF, a principios de 2013, el Gobierno subestimó la producción de gas de un conjunto de petroleras. El objetivo, que desató controversias y resistencias dentro de la propia Secretaría de Energía, fue beneficiar a esas empresas, sin admitirlo, con subsidios millonarios superiores a los anunciados.
Ese mecanismo de contabilidad creativa figura de manera explícita en cuatro documentos oficiales a los que tuvo acceso La Nación, todos ellos convalidados por el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el presidente de YPF, Miguel Galuccio. Lo que hizo el Gobierno fue calcular el nivel de producción de gas por debajo del real: de ese modo, sobre una base falsa, paga subsidios a empresas que presuntamente suministran nuevo gas -adicional a la extracción de 2012- por un volumen superior al que en realidad agregaron a la oferta.
La maniobra provocó en su momento críticas del entonces secretario de Energía, Daniel Cameron, que las expuso en un informe remitido a Kicillof.
El conflicto surgió a fines de 2012 con el Plan Gas, programa que faculta al Estado a subsidiar a las petroleras para reemplazar el precio del gas que desde 2002 no se les da en concepto de tarifas. Su principal objetivo era transferir recursos a las empresas para fomentar inversiones, evitar la persistente caída en la producción doméstica de ese insumo y disminuir la necesidad de importaciones.
Ese esquema, sustentado en acuerdos con cada compañía, le permite desde entonces al Gobierno asegurarles a las empresas un precio de 7,50 dólares por millón de BTU, el triple del valor que se les reconocía entonces, por el volumen de oferta de gas que agreguen sobre el año base, que es 2012.
Dos notas internas, un acta acuerdo y un informe técnico a los que tuvo acceso este diario indican que, para pagar ese ingreso, el Gobierno forzó esas cifras por doble vía: no sólo subestimó la producción de las empresas de 2012, sino que también sobreestimó la curva de declinación de la producción proyectada hacia el futuro. Los cambios provocaron discusiones internas que, tiempo después, coincidieron con la renuncia de Daniel Cameron al cargo, también molesto por la sanción de una nueva ley de Hidrocarburos, en octubre del año pasado.
Trece días después de remitirle el informe al ministro de Economía, el 23 de mayo de 2013, Cameron le informó a la Comisión de Energía, que manejaba Kicillof, que haría auditorías sobre las empresas favorecidas para corroborar la producción de gas, algo que según el entorno del ingeniero santacruceño nunca se cumplió. Funcionario histórico del kirchnerismo, Cameron llegó incluso a resistirse en los primeros meses del año pasado a seguir pagando los subsidios. Meses después, el ministro de Planificación, Julio De Vido, le pidió la renuncia en nombre de la presidenta Cristina Kirchner. Según fuentes de esa cartera, el arquitecto le explicó en ese momento que la Casa Rosada se proponía «oxigenar» el área.