La administración santacruceña apunta a crear un Impuesto Inmobiliario sobre la minería y a gravar con Ingresos Brutos la exportación de recursos no renovables.
Al igual que en 2012, cuando hizo bandera del reclamo de mayores impuestos a la minería, Daniel Peralta, gobernador de Santa Cruz, inició 2013 con nuevas críticas al sector. El mandatario, enfrentado con el gobierno de Cristina Kirchner, impulsará durante las primeras sesiones legislativas, en marzo, la aprobación de la Ley de Fortalecimiento Económico, que prevé la creación de nuevos impuestos sobre la industria.
Durante los últimos meses de 2012, Peralta elevó la tasa de las regalías hasta el 3% (si bien ése es el guarismo que establece el Código de Minería, la provincia cobraba alrededor de 1,5% en el marco de un régimen especial). Con la modificación, la provincia aspira a recaudar, en total, alrededor de $ 66 millones por ese ítem en 2013.
En el paquete de impuestos que impulsa Peralta figura, a su vez, la creación de un Impuesto Inmobiliario sobre la minería, que dejaría $ 150 millones en 2013; e Ingresos Brutos sobre las exportaciones no renovables, que aportarían $ 55 millones.
También buscará avanzar sobre la Ley 2332 (de Regalías Mineras), a fin de establecer un fondo para la provisión y mejoramiento de la salud pública y un fondo de emergencia social y sanitaria (con el 5% del canje de casinos).
Peralta sostiene que la mayoría de los aportes tributarios que realiza la minería –Impuesto a las Ganancias, IVA y retenciones a la exportación– son recaudados por la Nación, en desmedro de las arcas provinciales.
El subsecretario de Trabajo provincial, Raúl Santibañez, señaló que “la provincia apunta a mejorar la renta minera a través del Impuesto Inmobiliario Minero, cuya creación no pudo tratarse el año pasado en la Legislatura” por falta de quórum. “Esa situación nos puso a discutir con autoridades muy importantes de las empresas y puedo asegurar que la mayoría de ellos está dispuesta a discutir en una mesa de consenso”, indicó.
Avanzada legislativa
A su vez, el Gobierno aún trabaja en la redacción del Protocolo Minero, marco en el que predeterminará los porcentajes que deben cumplir las empresas en materia de inversión social y qué mecanismos de control se implementarán al respecto. También se especificarán las estimaciones de fuentes laborales que deben garantizar los nuevos emprendimientos y la obligación de brindar capacitación para la contratación de recursos humanos locales.
A la hora de justificar sus recurrentes pedidos económicos al sector minero, el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, les recuerda a las empresas que de cada $ 100 que los productores pagan en materia impositiva, $ 90 son recaudados por la administración nacional que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Un 90% de lo que pagan queda en manos de Nación. La participación de la provincia sobre la renta minera sólo alcanza un 10%”, se queja Peralta.
Santa Cruz cuenta con cuatro proyectos en actividad, uno de gran tamaño como Cerro Vanguardia, que produce alrededor de 200.000 onzas de oro, y tres de mediana envergadura, Manantial Espejo, San José Huevos Verdes y Mina Martha, esta última en proceso de cierre. En el caso de Cerro Vanguardia, controlada por la sudafricana AngloGold Ashanti, la provincia sólo recauda lo correspondiente a regalías mineras (que este año pasaron del 1% al 3% del valor en boca mina del metal precioso) e impuestos menores, como el canon superficiario y el Impuesto a los Sellos.
Un 7,5% de las acciones de Cerro Vanguardia es propiedad de Fomento Minero Santa Cruz (Fomicruz), la minera provincial, que el año pasado recaudó por ese concepto $ 167 millones.