Para incrementar la transparencia en el sector
Impulsada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, la iniciativa –que recibirá el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo– apunta a mejorar la imagen sectorial, afectada por los incidentes ambientales en el complejo sanjuanino Veladero.
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) está decidida a mejorar la reputación de la minería a nivel nacional a través de una política de información y comunicación más transparente. Con ese fin, la entidad conducida por Marcelo Álvarez gestionó un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para crear una base de datos pública que permitirá seguir el trabajo de las mineras en cada una de sus operaciones en el país, además de monitorear sus inversiones, sus pagos impositivos y el destino de dichos fondos.
La propuesta se enmarca en el convenio de cooperación que la Cámara suscribió con la Asociación Minera de Canadá (MAC, por sus siglas en inglés) para implementar en la Argentina el programa “Hacia una Minería Sustentable” (“Towards Sustainable Mining”), orientado a elevar los estándares de calidad en la industria.
A decir de Jaime Bergé, vicepresidente segundo de la CAEM, la intención es utilizar los mismos estándares de evaluación que se emplean en el mercado canadiense. “Allí rige un código de comportamiento social y ambiental para las mineras que queremos replicar en nuestro país”, explicó.
De ese modo, apuntó, será más simple sancionar los eventuales incumplimientos de cualquier empresa. “Hay que entender que el negocio debe defenderse entre todos. Tenemos que evitar que la sociedad piense mal de la minería por unos pocos que no hacen las cosas como se debe”, señaló.
El Estado, acotó, también tiene un importante rol por desempeñar en la materia. “El sector público debe intensificar los controles al sector con personal capacitado. Como suele decirse, todos somos buenos, pero si nos controlan somos mejores”, expresó.
Adicionalmente, la CAEM quiere que el año que viene entre en vigor un Manual de Buenas Prácticas Mineras (cuya creación también estaba contemplada en el acuerdo sellado con la MAC) en el cual se evalúen y publiciten las calificaciones del desempeño de cada compañía. La idea es que la Universidad Católica Argentina (UCA) funcione como organismo auditor de la propuesta.
En la mira
A un año del vertido a las aguas sanjuaninas de una solución cianurada procedente del proyecto aurífero Veladero –incidente que tuvo lugar en septiembre de 2015–, la operadora Barrick Gold confirmó un nuevo derrame en el complejo, lo que provocó la inmediata reacción del pueblo de Jáchal (que salió a las calles a movilizarse contra la minera) y el anuncio del cierre temporario de la mina por parte del gobernador Sergio Uñac.
A través de un comunicado, la empresa de origen canadiense informó que esta vez “no hubo contacto con ningún curso de agua ni con canales de desvío” y que “por las características del incidente no se registraron amenazas para la salud de los trabajadores, las comunidades o el medio ambiente”.
Pese a su menor gravedad en relación con el derrame anterior, el hecho volvió a poner a la minería argentina en el centro de las críticas y las presiones ambientales y sociales. La noticia golpeó duro las expectativas de una industria que desde hace tiempo viene pugnando por levantar restricciones legales y sumar nuevas inversiones en diversas provincias, y que sabe que para ello deberá mejorar considerablemente sus niveles de reputación y apoyo comunitario. ›|‹