Empresarios de Tinogasta y Fiambalá solicitaron la intervención del Gobierno provincial ante el incumplimiento de la normativa por parte de la operadora del proyecto Tres Quebradas (3Q). También hubo reclamos de sectores vecinos por controles ambientales.
La tensión entre los proveedores locales y las operadoras mineras sumó un nuevo capítulo en Catamarca. Representantes de diversas cámaras empresariales se reunieron este domingo con las ministras de Minería, Teresita Regalado, y de Trabajo, Verónica Soria, para denunciar que la empresa Liex-Zijin no está cumpliendo con el cupo de contratación local del 70% establecido por ley.
El reclamo de proveedores y el sector turístico
Los referentes de la Cámara de Producción y Servicios Mineros de Tinogasta, la Cámara Económica de Fiambalá y la Asociación de Empresarios Turísticos Fiambalenses plantearon la necesidad de una relación «más regular y activa» con el proyecto Tres Quebradas.
Los puntos centrales del reclamo incluyen:
- Cupo local: Exigen el cumplimiento efectivo de la normativa que obliga a la compra de insumos y servicios en Catamarca por al menos el 70% del total.
- Flexibilización: Solicitaron simplificar los requisitos de ingreso al Registro de Proveedores Mineros para que las pymes locales puedan competir.
- Impacto indirecto: Los empresarios turísticos presentaron propuestas para que la renta minera se traduzca en obras que dinamicen su sector.
Ante esto, la ministra Regalado se comprometió a reforzar los mecanismos de control para garantizar que la prioridad de contratación recaiga en los trabajadores y empresas catamarqueñas.
Tensión social y monitoreos ambientales
La jornada no estuvo exenta de conflictividad. Tras el encuentro con los empresarios, las funcionarias recibieron a un grupo de vecinos autoconvocados de Fiambalá que se manifestaron en contra del desarrollo minero en la zona.
Los vecinos expresaron su preocupación por el uso del agua y el impacto en el suelo y aire que genera la extracción de litio. Como respuesta, el Ministerio de Minería propuso:
- Monitoreos participativos: Invitar a la comunidad a presenciar los controles ambientales que se realizan sobre la empresa.
- Transparencia técnica: La posibilidad de sumar técnicos designados por los vecinos para auditar los estudios ambientales en la localidad.
Con este escenario, el Gobierno provincial busca equilibrar la balanza entre la presión de las cámaras locales que exigen beneficios económicos y los sectores sociales que demandan mayores garantías ambientales en una de las zonas con mayor potencial de litio del país.