Con media sanción y algunas moficaciones: el Senado aprobó la reforma de la Ley de Glaciares y la discusión pasa a Diputados

Tras un debate de cuatro horas que tuvo de todo, desde incidentes en la puerta hasta cambios de último momento en las bancas, el Senado le dio media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares (26.639). La votación terminó 40 a favor, 31 en contra y una abstención, y ahora la pelota queda del lado de la Cámara de Diputados para la sanción definitiva.

La Libertad Avanza logró pasar el filtro gracias al apoyo de los bloques del Pro, la UCR, sectores provinciales y un dato clave: el acompañamiento de senadores peronistas de provincias mineras, como el sanjuanino Sergio Uñac y la catamarqueña Lucía Corpacci.

Tensión, cambios «tras bambalinas» y protestas

La jornada arrancó caliente. Temprano, 12 activistas de Greenpeace fueron detenidos tras saltar las rejas e irrumpir en las escalinatas del Congreso para protestar contra lo que consideran una ley regresiva.

Adentro del recinto, el clima no estuvo mucho mejor. Pasadas las 15:30, el bloque de José Mayans puso el grito en el cielo cuando se enteraron de que el dictamen que estaban votando tenía modificaciones acordadas a puertas cerradas que no habían sido mencionadas por los miembros informantes. El pampeano Daniel Bensusán fue lapidario: «Acercaron a las bancas la copia con cambios incorporados tras bambalinas. Me da vergüenza».

Los argumentos de un debate dividido

Desde el oficialismo y sus aliados, el eje fue la autonomía provincial y la necesidad de inversiones.

• Agustín Coto (LLA): Sostuvo que la ley actual favorece intereses de países vecinos y no de las provincias dueñas de los recursos.
• Bruno Olivera (LLA): Defendió que «el agua y la minería no son enemigos» y cuestionó que se prohíba actividad sobre «rocas petrificadas» que no aportan recursos hídricos.
• Patricia Bullrich: Cerró el debate con una fuerte defensa del capitalismo desarrollado, afirmando que «cuidar no es prohibir» y que la minería podría exportar más de US$ 14.000 millones para 2029.

Del otro lado, la oposición cargó contra lo que llamaron «feudalismo ambiental»:

• Martín Soria (UP): Acusó al Gobierno de querer un país «primarizado» y subordinado al mercado global, destruyendo glaciares para «negocios turbios».
• Anabel Fernández Sagasti (UP): Advirtió que estas decisiones son «irreversibles» y que se está arriesgando la reserva hídrica de los argentinos por una urgencia de caja.
• Edith Terenzi (UCR – Chubut): Aunque fue miembro informante, votó en contra denunciando vicios de inconstitucionalidad y falta de participación ciudadana.

Qué cambia realmente con este proyecto

La reforma, redactada por el Consejo de Mayo, toca puntos centrales:

1. Objeto de protección: Ahora se protegerán los glaciares y zonas periglaciares «que cumplan funciones hídricas» efectivas.
2. Poder a las provincias: Serán las autoridades locales (y ya no solo el IANIGLA de forma centralizada) quienes verifiquen si una geoforma tiene o no agua. Si la provincia dice que no tiene función hídrica, se puede habilitar la actividad.
3. Principio precautorio: Todo lo que esté en el inventario sigue protegido hasta que la autoridad ambiental provincial demuestre lo contrario.
4. Rol del IANIGLA: Seguirá con el Inventario Nacional, pero ahora dependerá de la información que le envíen las provincias.

El argumento técnico del Gobierno es que, a 15 años de la ley original, todavía no se sabe a ciencia cierta qué zonas periglaciares aportan agua y cuáles son solo rocas, algo que según ellos frena el desarrollo sin un sentido ambiental real.

Cielo Manzi