Con la implementación de nuevas disposiciones para agilizar la entrega de permisos ambientales y el desarrollo de cuatro proyectos de envergadura, el país vecino espera crear 55.000 puestos de trabajo en el corto plazo.
Chile se prepara para recibir inversiones mineras por más de u$s 30.000 millones. Así lo anunció el presidente trasandino, Sebastián Piñera, durante su discurso en la cena anual organizada por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).
Según el mandatario, ese presupuesto ayudará a crear unos 55.000 empleos directos hasta el año 2021. “Apuntalar a la minería como motor del desarrollo nacional es uno de los objetivos prioritarios de mi gobierno”, afirmó.
En ese sentido, Piñera ponderó la importancia de los cambios impulsados por su gestión para captar nuevas inversiones y favorecer la puesta en valor de las riquezas cupríferas disponibles. En menos de un año, anticipó, ingresarán al renovado Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) los estudios de los proyectos Nueva Unión (a cargo de Teck y Goldcorp) y Rajo Inca (de la Corporación Nacional del Cobre –Codelco–), además de la expansión de Collahuasi (de la minera homónima) y de la instalación de la planta concentradora de El Abra (de Freeport). Así, el segmento se verá fuertemente potenciado, lo que redundará en mayores ingresos y ocupación laboral.
El cobre, explicó, siempre ha sido la viga maestra del desarrollo chileno. “Por eso valoro firmemente lo que está haciendo la industria. Estoy convencido de que sus acciones sintonizan con los nuevos tiempos que corren”, sostuvo. A su criterio, el impacto positivo de las nuevas inversiones servirá para que todo Chile comprenda y tome plena noción de la relevancia que posee la minería sustentable. “Es hora de entender que necesitan de reglas claras y estables que permitan una proyección para el futuro”, completó
Esfuerzos pendientes
De acuerdo con Diego Hernández, presidente de Sonami, entre las principales medidas tomadas por el Gobierno de Piñera se destaca la agilización de la entrega de los permisos que deben conseguir los proyectos mineros, además de la revisión en los reglamentos de seguridad minera, la reforma al SEIA y el lanzamiento de la Política Nacional de la Minería con miras a 2050. “Todas estas decisiones conciernen a los principales actores de esta industria y buscan fijar una hoja de ruta a largo plazo”, subrayó.
Por primera vez, manifestó, se está reconociendo explícitamente a la minería como una industria fundamental para el desarrollo y la economía de Chile. “Sin embargo, aún restan esfuerzos para atraer mayores inversiones al país”, advirtió.
Para el directivo, será vital elaborar instrumentos específicos para brindar algunas de las garantías que ofrecía el Decreto Ley 600, derogado en 2014. “La no discriminación entre inversionistas nacionales y extranjeros y la invariabilidad tributaria figuraban entre esas certezas. Se trata de aspectos que son muy relevantes para los inversores, particularmente si sus proyectos se desarrollan en el largo plazo”, comentó.
En su opinión, también será preciso analizar los efectos de la reforma laboral en un año plagado de negociaciones colectivas. “Creemos que los daños que ésta generó son mayores que los aportes. Sólo agregó rigidez a las relaciones laborales”, criticó.
La legislación, expuso, debería apuntar a una relación empresa-sindicato que no se limite a las remuneraciones o los bonos. “Tendría que abordar también otros temas, como la flexibilidad laboral y las remuneraciones variables”, concluyó. ›|‹