El biministro de Economía y Minería presentó ante el Congreso una estrategia centrada en la simplificación administrativa y la seguridad jurídica para viabilizar proyectos históricos en el sector.
Chile atraviesa un momento sin precedentes en su industria extractiva al registrar una cartera de proyectos que asciende a US$104.500 millones, el monto más elevado en más de una década. Ante este escenario, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, ha delineado una hoja de ruta crítica destinada a destrabar estas inversiones, priorizando la agilidad en la tramitación y la estabilidad de las reglas del juego.
Un trimestre de cifras históricas en evaluación ambiental
El dinamismo del sector quedó reflejado durante el primer trimestre de 2026, periodo en el que el ingreso de proyectos mineros al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) marcó un hito histórico. Las iniciativas ingresadas totalizaron US$17.320 millones, la cifra más alta desde la creación del sistema, lo que confirma un repunte robusto en el interés de los capitales privados por el potencial del norte del país.
Dentro de este volumen de inversión, destacan tres proyectos de gran escala que lideran la actividad:
- Minera El Abra: Continuidad operacional con una inversión de US$7.500 millones.
- Nueva Concentradora Escondida: Iniciativa que contempla más de US$5.100 millones.
- Albemarle: Proyecto de extracción directa de litio en el Salar de Atacama, valorado en US$3.100 millones.
Estrategias para fortalecer la competitividad
En su reciente comparecencia ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, el biministro Mas expuso los pilares que sustentarán la gestión gubernamental para asegurar que estos capitales se materialicen de forma eficiente. El plan de trabajo se enfoca en la creación de un entorno proinversión que incluya incentivos específicos para la exploración y el desarrollo de nuevos yacimientos.
Para el Ejecutivo, la clave reside en la modernización de la gestión pública. En este sentido, Mas enfatizó la necesidad de avanzar en la certeza jurídica, estableciendo marcos normativos claros que brinden tranquilidad a largo plazo. Asimismo, se busca fortalecer la institucionalidad minera mediante la reducción de la burocracia, eliminando obstáculos innecesarios en la obtención de permisos sin comprometer los estándares de desarrollo sostenible.
Este clima de optimismo en el sector privado, impulsado por las cifras récord y la disposición oficial a simplificar procesos, posiciona a la minería chilena como el principal motor de crecimiento económico para los próximos años.