Tras el envío al Senado del proyecto para modificar la Ley 26.639, la Cámara Argentina de Empresas Mineras expresó su acuerdo con la protección de glaciares y ambientes periglaciales, pero reclamó definiciones caso por caso basadas en estudios científicos y con participación de las provincias.
Luego de que el gobierno nacional remitiera al Senado el proyecto de ley para modificar la Ley de Glaciares (26.639), la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) manifestó su respaldo a la iniciativa y ratificó su compromiso con la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos. Al mismo tiempo, planteó la necesidad de introducir aclaraciones técnicas para evitar interpretaciones generales que, según sostuvo, generan incertidumbre.
En un comunicado, la entidad empresaria señaló que existe consenso pleno respecto de que los glaciares y los ambientes periglaciales que constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos deben ser protegidos. No obstante, advirtió que no todos los glaciares ni todas las áreas periglaciales cumplen necesariamente ese rol, por lo que consideró imprescindible que la ley precise los criterios de determinación.
Definiciones técnicas y evaluación caso por caso
Desde CAEM afirmaron que la identificación de los glaciares y ambientes periglaciales que deben quedar alcanzados por el régimen de protección debe realizarse con base en la opinión de expertos, mediante evaluaciones específicas y estudios técnicos que lo respalden, y no a partir de definiciones genéricas.
En ese sentido, sostuvieron que una redacción más precisa permitiría distinguir adecuadamente entre las áreas que efectivamente funcionan como reservas hídricas estratégicas y aquellas que no cumplen ese requisito, evitando así conflictos normativos y operativos.
El rol de las provincias
Otro de los puntos subrayados por la cámara minera fue la necesidad de definir con claridad el rol de las provincias en el proceso. Recordaron que, de acuerdo con la Constitución Nacional, los Estados provinciales son los titulares de los recursos naturales existentes en sus territorios.
Por ese motivo, CAEM consideró fundamental que las provincias participen activamente en la determinación y delimitación de los glaciares y ambientes periglaciales sujetos a protección, en coordinación con las autoridades nacionales.
Incertidumbre normativa y actividad productiva
La entidad empresaria remarcó además que una redacción imprecisa de la ley genera incertidumbre jurídica, lo que impacta en el desarrollo de actividades productivas y de infraestructura. Según señalaron, contar con reglas claras permitiría compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico.
En ese marco, indicaron que una normativa bien definida posibilitaría que distintas actividades se desarrollen en un contexto de respeto por el ambiente en general y por el recurso hídrico en particular, al tiempo que se sostienen fuentes de empleo y se promueve el crecimiento económico.
Diálogo institucional y desarrollo sostenible
Finalmente, la CAEM sostuvo que las aclaraciones que consideran necesarias en la Ley de Glaciares requieren un proceso de diálogo y trabajo conjunto entre las autoridades nacionales y provinciales. El objetivo, señalaron, es asegurar la protección efectiva de los glaciares y del ambiente periglacial que constituyan reservas estratégicas de recursos hídricos, sin que ello resulte incompatible con un esquema de desarrollo sostenible.
La posición de la cámara se inscribe así en el debate legislativo que se abre en el Senado, donde el proyecto oficial comenzará a ser analizado en comisiones en las próximas semanas.