Una solución novedosa para la Meseta Central chubutense
La medida, que entró en vigor en 2012, significó un aumento de un 30% en la carga fiscal de la minería australiana. En esta parte del mundo, los empresarios argentinos también reclaman una menor presión tributaria sobre el segmento.
La época en la que un negocio minero en pleno ascenso impulsaba a los gobiernos a elevar significativamente los gravámenes del sector parece haber llegado a su fin. En un marco internacional signado por la escasez de financiamiento, el declive en las cotizaciones de los metales y la suba de los costos de producción, llegó la hora de alivianar la presión impositiva y pensar en medidas de estímulo para reactivar el sector. Al menos así lo entienden en Australia, que está a punto de abolir un polémico impuestazo creado hace apenas dos años.
Planteada en 2010 y sancionada en 2012, la tasa sobre los recursos mineros (MRRT, según sus siglas en inglés) implicó el inédito aumento de un 30% en las cargas tributarias de las empresas explotadoras de carbón y mineral de hierro que lograran obtener un beneficio anual de más de A$ 75 millones (es decir, unos u$s 70 millones). El objetivo del megaimpuesto, que en su momento suscitó la oposición de gigantes como BHP Billiton, Rio Tinto y Fortescue, era beneficiar al Tesoro público australiano con una mayor parte de los ingresos del rubro.
En teoría, las autoridades preveían que su aplicación representaría la captación de A$ 3.000 millones durante el primer año y de unos A$ 9.000 millones en el transcurso del ejercicio 2013-2014. Sin embargo, la debacle del negocio hizo que, en la práctica, los montos recaudados no superaran los A$ 200 y 700 millones respectivamente.
Luego de dejar sin efecto una tasa de carbono –introducida por el gobierno anterior para luchar contra el cambio climático–, el Partido Liberal –conducido por el primer ministro, Tony Abbott– llegó a un acuerdo con varios partidos pequeños para ganar en el Senado la votación que determinó la abolición de la MRRT. Y ahora el proyecto será tratado en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo tiene mayoría asegurada.
El caso argentino
A pesar de la caída en los precios de los commodities mineros, la industria metalífera argentina sigue siendo un vector importante de la recaudación fiscal del Tesoro nacional. El año pasado, por caso, los 11 principales proyectos del país pagaron impuestos por u$s 833,2 millones, según los números de la Secretaría de Minería que conduce Jorge Mayoral.
De acuerdo con un estudio de Abeceb, el aporte de la actividad a las arcas estatales (tanto fiscal como de otras categorías) equivale al 40% del valor agregado sectorial (PBI minero). Ese ratio se compone de un 32% correspondiente al aporte nacional y de otro 8% de procedencia provincial. Es que las retenciones a la exportación que paga la industria –que oscilan entre un 5% y un 10%, según se trate de condensados o metal doré– son recaudadas íntegramente por el Gobierno central.
A decir de Horacio Gabriel, gerente de Relaciones Comuni-tarias en Minera Triton Argentina, la carga impositiva total que pesa sobre la minería local es la más alta de Latinoamérica. “Es similar a la que las firmas mineras afrontan en países líderes”, compara.
Idéntica visión sustenta Mario Capello, secretario del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (CADIM), quien precisa que la carga tributaria es del 58% en concentrados y del 62% en metalíferos. “Al año, ingresan unos u$s 350 millones solamente por retenciones”, cuantificó.
A esos elevados números debe añadirse, según Julio Ríos Gómez, presidente del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA), el impacto negativo que cada modificación fiscal produce entre los inversores. “No estamos viviendo un momento para nada favorable como para seguir minando la seguridad jurídica de las empresas”, completó. ›|‹