Los principales contratistas de la obra pública argentina pueden cambiar muy rápido de pensamiento. A principios de semana, todos los grupos que participan de la compulsa por la construcción de las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, la mayor obra que se propuso hacer el kirchnerismo, con un presupuesto de 4400 millones de dólares, estaban decididos a impugnar el triunfo del grupo liderado por Electroingeniería. Cuatro días más tarde, sin embargo, todos habían cambiado de opinión.
Los empresarios que quedaron desairados tienen hasta hoy a las 10 de la mañana para presentar sus últimas objeciones a la propuesta de la empresa cordobesa. Pero salvo Enrique Pescarmona, de Impsa, todos decidieron dejar pasar de largo la oportunidad.
El repentino cambio de idea se debe a llamadas telefónicas y contactos cara a cara que funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de José López, en la órbita del Ministerio de Planificación, de Julio De Vido, les hicieron a varias empresas de cada uno de los consorcios, según corroboró La Nación.
Si todo marcha de acuerdo con el cronograma previsto por el Gobierno, se adjudicará la obra el 22 del actual. Electroingeniería, de los empresarios Alberto Acosta y Gerardo Ferreyra, amigo del secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, había obtenido el primer puesto en el orden de mérito que se difundió hace dos semanas.
La abstención más llamativa fue la del consorcio liderado por Eduardo Eurnekian, el mayor concesionario de aeropuertos del país. A través de Helport se presentó junto a Panedile, Isolux, Eleprint, Power Machine, Inter Rao e Hidroeléctrica Ameghino.
De acuerdo con el orden de mérito, ese grupo obtuvo la segunda colocación. Sus técnicos estaban preparando una nota para el Gobierno en la que le decían que tuviese en cuenta el sobre de su oferta alternativa (contemplaba un pago en dólares por una parte de la obra), porque su precio era mejor que el de Electroingeniería.
Otro de los que se habían envalentonado con presentar reclamos y hasta deslizó que podría acudir a la Justicia es Lázaro Báez, el empresario acusado de lavado de dinero y socio de la presidenta Cristina Kirchner en negocios inmobiliarios en Santa Cruz.